Veintiún años después de la llamada 'ley Corcuera', polémica por la conocida "patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes. La oposición en bloque se opone a las nuevas medidas que quiere aprobar el Gobierno, algunos han bautizado esta ley como la de la "patada en la boca".
El anteproyecto de Ley tipificará como infracciones administrativas leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas desde los 100 euros hasta los 600.000, acciones como la quema de contenedores o los 'escraches' que en los últimos meses han sufrido algunos políticos.
También los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge la ley del derecho de reunión y manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones de hasta 600.000 euros por una infracción muy grave.
Conducir una "cunda", insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o el 'botellón' se multarán por ley con hasta 30.000 euros.
Según fuentes del Ministerio del Interior, no se trata de sancionar más sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos "nuevos" o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal.
El texto que ha diseñado el departamento que dirige Fernández Díaz tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.