Caso Koldo
La defensa de Ábalos pide expulsar de la causa a los partidos políticos que ejercen la acusación popular
El contexto En la causa del Supremo se personaron hasta siete acusaciones populares, entre ellas el Partido Popular y Vox. El juez decidió unificar su representación en el PP porque fue la primera en personarse.

Resumen IA supervisado
La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que excluya a los partidos políticos de la acusación popular en el 'caso Koldo', argumentando que este rol debería ser exclusivo de ciudadanos o entidades fuera del ámbito representativo. Según el abogado de Ábalos, permitir que partidos ejerzan esta acción convierte el proceso en un "instrumento de combate" político, donde se extraen argumentos para el debate público y se busca erosionar al adversario. El escrito subraya que esta práctica distorsiona el equilibrio constitucional y usurpa la participación ciudadana. En este caso, siete acusaciones populares se unificaron bajo el liderazgo del PP, quien fue el primero en personarse. Ábalos y su asesor Koldo García comparecieron ante el Supremo, que decidió mantenerlos en libertad, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión provisional, a diferencia del PP.
* Resumen supervisado por periodistas.
La defensa de José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que expulse de la causa a los partidos políticos que ejercen la acusación popular en el 'caso Koldo'. En este procedimiento, recordemos, llegaron a personarse hasta siete acusaciones populares, entre ellas el Partido Popular y Vox, cuya representación el juez acabó unificando en el PP.
En su escrito, al que ha accedido laSexta, el nuevo abogado de Ábalos rechaza que estén legitimados para ejercer esa acción popular porque es un ámbito "reservado" a "los ciudadanos o personas físicas y jurídicas al margen del ámbito representativo": "No parece que un partido político esté constitucionalmente legitimado para ejercer la acción popular, de la misma forma que resultaría contrario al diseño constitucional de la participación que ejerciera el derecho de petición o intermediara en la iniciativa popular", afirma.
La defensa del exministro esgrime que, en manos de los partidos, el ejercicio de la acción popular "se convierte en instrumento de combate" y que estos "pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político".
"Los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales", incide el escrito, que señala que, con la difusión de las acciones penales en los medios de comunicación, las formaciones políticas obtienen "altos dividendos en términos de erosión de la figura controvertida del partido adversario". "Se trata de ganar, en el proceso penal, el juicio de la opinión pública que, como se ha dicho, equivale siempre a una condena", asevera.
"No parece, salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales, que el ejercicio de la acción popular suponga el desempeño de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos, salvo que se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca su absorción por parte de los partidos políticos, con la consiguiente usurpación de la participación ciudadana", insiste la defensa.
El PP lidera la acusación popular
En esta causa llegaron a personarse hasta siete acusaciones populares: el PP, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, Abogados Demócratas por Europa y, finalmente, Iustitia Europa. El pasado mes de diciembre, el juez decidió unificarlas en una única representación para evitar "indebidas dilaciones". Como las acusaciones no se ponían de acuerdo sobre en quién debía recaer esa representación común, el juez decidió que fuera en el PP, porque fue el primero en personarse.
La semana pasada, Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, volvían a comparecer ante el Supremo, que les mantuvo a ambos en libertad después de que se acogieran a su derecho a no declarar. En ambos casos, la Fiscalía Anticorrupción optó por no pedir prisión provisional, que sí solicitó la acusación popular del PP.
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