El Congreso estudiará este miércoles la cuarta prórroga del estado de alarma que el Gobierno activó para luchar contra la pandemia de coronavirus, pero por primera vez desde que entró en vigor, el pasado 14 de marzo, la oposición podría tumbar el proyecto si a los votos en contra que ya formularon hace 15 días Vox, la CUP y Junts per Catalunya se sumaran ahora los de otras formaciones como el PP, Ciudadanos, el PNV, ERC o Bildu.

El rechazo parlamentario a los planes de Pedro Sánchez, que advirtió este sábado de que "no hay plan B" a la prórroga del estado de alarma, supondría la derogación del real decreto que el Ejecutivo ha diseñado como "principal instrumento jurídico" para luchar contra la pandemia y, de facto, la vuelta a la casilla de salida, es decir, a la situación anterior al confinamiento. "Sería el caos sanitario y económico. No quiero ser alarmista pero, si el estado de alarma decae, todo el mundo tiene que incorporarse a su actividad, sea la que sea. No se podrán plantear restricciones de movilidad", ha resumido este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Sería el caos sanitario y económico", según Ábalos

Expertos en Derecho Constitucional, sin embargo, consideran que, en ausencia del estado de alarma, podrían aplicarse leyes subsidiarias, como las de Seguridad Nacional o de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta última normativa, que está en vigor desde 1986, establece que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar "medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control" cuando se aprecien "indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a una situación sanitaria concreta".

En esta línea, un grupo de juristas crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional contra el decreto que activó el estado de alarma. Consideran que la situación actual se ajusta más al estado de excepción y que la alarma es un instrumento que "no permite" la suspensión de derechos fundamentales como los de reunión o manifestación.

En todo caso, esa no es la postura más extendida entre los especialistas sanitarios. "El paraguas jurídico más adecuado para esta situación de pandemia, que no ha acabado y que puede dar lugar a rebrotes porque podría haber una mutación en el virus, es el del estado de alarma", opina el ex secretario general de Sanidad José Martínez Olmos. A su juicio, la Ley de Salud Pública "no es suficiente para dar garantía jurídica" al conjunto de decisiones que son necesarias para hacer frente a la pandemia y que suelen venir determinadas por las directrices que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fin del mando único y del confinamiento

La primera consecuencia del no a Sánchez sería la desaparición del mando único del Gobierno y las autoridades competentes delegadas, que ejercen los Ministerios de Defensa; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y Sanidad; y que en la actualidad pueden tomar medidas "de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes". De esa forma, la lucha contra la pandemia dejaría de estar dirigida por el Ministerio de Sanidad y cada comunidad autónoma podría tomar sus propias decisiones.

Las policías locales y autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, también dejarían de estar bajo las órdenes directas del Ministerio del Interior y volverían a responder ante sus respectivos gobiernos autonómicos.

El segundo efecto sería el fin del confinamiento, que ha permitido rebajar los índices de crecimiento del contagio de la enfermad desde el 21% diario que se registró aquel 14 de marzo hasta el 0,16% que se ha anotado este lunes.

La activación del estado de alarma estableció la limitación de la circulación de las personas en todo el territorio nacional, salvo para algunos supuestos como la adquisición de alimentos o el desplazamiento al lugar de trabajo en caso de desempeñar servicios esenciales, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los niveles de enseñanza y el cierre de todos los locales de ocio, las iglesias y los establecimientos comerciales, salvo supermercados, farmacias, gasolineras, estancos o tintorerías, entre otras. De igual modo, se limitó al 50% la oferta de pasajeros en el transporte ferroviario y aéreo.

De esta forma, hasta que no se aprobaran nuevos decretos en aplicación de las leyes sanitarias vigentes, el rechazo a la prórroga del estado de alarma supondría que las comunidades autónomas podrían reabrir este mismo jueves los colegios, los espectáculos masivos como partidos de fútbol o conciertos podrían volver a celebrarse y los hoteles, bares y restaurantes estarían facultados para recuperar su actividad con normalidad.

Reapertura de fronteras y desescalada

También se volverían a reabrir las fronteras, ya que el artículo 16 del real decreto que estableció el estado de alarma facultaba al mando único del Gobierno central a adoptar "las medidas necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos". "A este respecto se atenderá de manera prioritaria los productos que sean de primera necesidad", señalaba el texto legal.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarían de multar a los ciudadanos que decidieran circular libremente o abrir sus establecimientos comerciales sin ningún tipo de restricción y, consecuentemente, los tribunales no tendrían sustento legal para abrir procedimientos por un delito de desobediencia a quienes, de forma reiterada, incumplieran las restricciones legalmente establecidas.

Al mismo tiempo, el rechazo a la prórroga del estado de alarma dejaría en el aire el plan de desescalada en fases diseñado por el Gobierno, que ha contemplado, progresivamente, la salida escalonada y por franjas horarias de niños acompañados, adultos y ancianos.

El decreto publicado este domingo en el BOE, que recoge un plan para llegar a la denominada "nueva normalidad" a mediados de junio, en el mejor de los casos, se remite al que estableció el estado de alarma para señalar que, aunque existirá "una cogobernanza" entre la Administración central y las autonómicas, "la decisión sobre el avance o retroceso en los diferentes territorios a través de las distintas fases corresponderá al ministro de Sanidad".