Incumple la ley
Ayuso llama "dictador" a Sánchez después de que el Gobierno la lleve ante los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto
El contexto Ayuso es la única presidenta autonómica que se niega a implementar el registro de objetores del aborto, pese a que tiene uno similar para la eutanasia.
Isabel Díaz Ayuso ha llamado este lunes "dictador" a Pedro Sánchez después de saber que el Gobierno ha emprendido acciones legales por su negativa a crear un registro de objetores del aborto en la Comunidad de Madrid.
"Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer", ha afirmado la presidenta madrileña en la red social X.
Ayuso es la única presidenta autonómica que se niega a crear este registro, pese a que el Gobierno había dado de plazo hasta el pasado viernes. Lleva meses advirtiendo de que la Comunidad de Madrid no va "a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos".
Todo ello, a pesar de que la lista no es pública y que existe una similar para la eutanasia desde hace años. Su objetivo es conocer cuántos profesionales se niegan a practicar abortos y cuántos están dispuestos a hacerlo para poder garantizar, en la medida de lo posible, que ese derecho se cumpla en la sanidad pública.
Una ley "sectaria"
Tal y como ha recordado en diferentes ocasiones la ministra de Sanidad, Mónica García, la creación del registro de objetores del aborto es una "obligación legal", ya que es una medida que forma parte de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que es una norma redactada de "manera sectaria" por un gobierno "furibundo" y ha insistido en que prefiere "encomendarse" a las decisiones de la justicia este asunto. Sin embargo, tras conocer que el Gobierno ha iniciado acciones legales, Ayuso ha respondido tildando a Sánchez de "dictador".
A través de un comunicado, el Ejecutivo de Sánchez ha informado de que solicitará este lunes a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley "atenta contra la libertad de las mujeres".
Asimismo, ha indicado que la región "deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas". Un derecho esencial, "convertido en negocio", que desde el Gobierno central no van a "permitir".
En este sentido, Ayuso le ha recordado a Sánchez que el PSOE de Castilla-La Mancha "derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado".
El PP apoya la vía judicial
Sobre este conflicto entre el Gobierno regional y el nacional, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha evitado respaldar directamente a Ayuso y ha apoyado que si "hay dudas" en la aplicación de una ley, se acuda a la vía judicial.
"Las leyes se cumplen o si hay cuestiones, se modifican. Y cuando hay dudas en su aplicación, debe ser la vía judicial la que debe resolver. Eso es lo que se ha planteado", ha declarado Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntado expresamente si Génova respalda a Ayuso en su decisión.
"Una de las dos cuestiones se tiene que hacer y cuando hay diferencias se tiene que acudir a la vía judicial para hacer esa resolución", ha apostillado.
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