Comunidad de Madrid

Ayuso se queda sola: es la única presidenta autonómica del PP en negarse a crear el registro de objetores del aborto

Los detalles La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado dejarán la decisión en manos de los tribunales "antes que un Gobierno sectario".

Isabel Díaz Ayuso y el resto de presidentes autonómicos del PP.

Ayuso se queda sola en su pulso con el Gobierno. Es la única presidenta autonómica del PP en negarse a hacer el registro de médicos objetores de conciencia para practicar el aborto. La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que dejará en manos de los tribunales la decisión final sobre su implantación.

El plazo fijado por el Ministerio de Sanidad —un mes desde el requerimiento enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a tres comunidades autónomas— vencía este viernes. Las otras dos comunidades apercibidas eran Aragón y Baleares y ya han cumplido con la exigencia, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Con estas últimas incorporaciones, todos los presidentes autonómicos del PP han accedido a poner en marcha esa base de datos: Andalucía, Aragón, Baleares, Región de Murcia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia. Todos menos Madrid.

De esta manera, Ayuso lleva al extremo su confrontación con Sánchez, se declara en rebeldía y anuncia públicamente que no piensa cumplir con la ley. La presidenta madrileña llevaba meses advirtiéndolo y este viernes, su consejera de Sanidad lo ha confirmado.

"En la Comunidad de Madrid creemos en un aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario", ha declarado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Una obligación legal

La obligación de crear el registro es una ley, y por tanto, no una exigencia del Gobierno, sino de las Cortes, para garantizar ese derecho de las mujeres en la sanidad pública.

"No es algo opcional, no es una ocurrencia. Es una obligación legal", recordó en octubre Mónica García ante la negativa de Ayuso. La ministra también le advirtió que "vamos a poner todas las herramientas jurídicas, legales, normativas, administrativas que tengamos en nuestra mano".

Para Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, el pulso de la Comunidad con el Gobierno tiene un claro vencedor. "Ayuso va a acabar cumpliendo la ley por las buenas o por las malas. Las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente", ha asegurado.

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