Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales

Ayuso mantiene el pulso con el Gobierno. La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que no creará el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto y que dejará en manos de los tribunales la decisión final sobre su implantación.

El plazo fijado por el Ministerio de Sanidad —un mes desde el requerimiento enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a tres comunidades autónomas— vencía hoy. "En la Comunidad de Madrid creemos en un aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos", ha declarado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

"Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha indicado Matute.

Las otras dos comunidades apercibidas, Aragón y Baleares —también gobernadas por el PP— ya han cumplido con la exigencia, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Madrid, y por tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es la única que rechaza acatar la ley.

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