Un apagón, tres investigaciones y pocas respuestas que buscan desde el Gobierno, la UE y la Audiencia Nacional

Un apagón y tres investigaciones. Por un lado, la iniciada desde el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez; mientras que por otro, la "exhaustiva" que realizan desde la Unión Europea (UE). A ellas se suma, la iniciada por la Audiencia Nacional que, por el momento, parece la más encauzada.

La primera, la del Gobierno, en cuyo marco se pondrá en marcha una comisión desde la misma tarde de este miércoles, tal y como ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Su objetivo es trasladarse, incluso, a las centrales de los operadores privados donde podría haberse originado la caída del suministro de este lunes, con el fin de comprobar su "buen funcionamiento", explicaba Aagesen desde el Palacio de la Moncloa.

Si bien en España se desean respuestas, los vecinos portugueses también las están exigiendo. Por ello, su primer ministro, Luis Montenegro, ha anunciado que solicitarán "a la Agencia de la UE para la Cooperación y la Regulación Energética una investigación independiente": "Queremos respuestas rápidas y urgentes", zanjaba el dirigente luso.

Precisamente, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha dicho que apoyará a España y a Portugal "en todo lo posible", incluso, "iniciando una investigación exhaustiva" sobre lo sucedido este lunes en la Península, que ha calificado a través de una publicación en la red social X, como "el más grave en casi dos décadas en Europa". Algo que ya han hecho de la mano de la asociación de distribuidoras europeas.

En concreto, han pedido un informe de las causas al Ejecutivo español en un plazo de tres meses, para más tarde presentar el suyo dentro de medio año. En él, indican, que ofrecerán algunas recomendaciones para, como mínimo, el año que viene, es decir, septiembre de 2026. En este punto, no obstante, queda claro que la más encauzada por el momento es la iniciada en la Audiencia Nacional.

El juez José Luis Calama investiga si el apagón se debió a un sabotaje informático o a un delito de terrorismo, para lo que ya ha decretado el secreto de las actuaciones. Respecto a esta causa, el magistrado Joaquim Bosch, ha explicado que "sus características hacen que la actuación instructora pueda requerir rápidamente informes". Por el momento, a Red Eléctrica y al Centro Criptológico Nacional a los que ha ofrecido un plazo de 10 días.

En ese sentido, Bosch aclara que "es perfectamente posible que de los informes que lleguen a la Audiencia Nacional haya datos que pudieran llevar a una posible negligencia en la gestión". Algo que podría servir para posibles futuras reclamaciones.