Crisis migratoria

La ambigüedad del PP con Ceuta: Ayuso y la dirección pide que los migrantes "vuelvan a casa" y sus gobiernos con Vox ya se oponen a acoger a menores

Entre líneas Génova insiste en que cumplirán la ley, aunque endurece sus críticas al reparto frente a otras crisis de 2021 o 2024.

Personas migrantes en la playa El Trampolín de Ceuta.
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Ha pasado casi una semana de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y la respuesta del PP es, cuanto menos, ambigua. Mientras Génova dice que cumplirá la ley y pide que los migrantes "vuelvan a casa", varios gobiernos autonómicos se niegan a acoger a menores.

Al mismo tiempo, en la ciudad autónoma, miles de personas se encuentran ante la ausencia de respuestas y esos menores que algunas comunidades del PP rechazan acoger viven en una situación de especial vulnerabilidad.

Por ley, no se les puede 'devolver en caliente' (emplear la opción del rechazo en frontera). Hay que examinar caso a caso y darles una acogida durante el proceso. Ceuta está desbordada y, también por ley, el resto de comunidades tendrían que participar en el reparto de menores.

El PP nacional se resiste, a pesar de que Ceuta está gobernada por su partido, e insiste en cargar contra el Gobierno. "Es un problema de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de 70.000 personas a Ceuta y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir", ha esgrimido Miguel Tellado.

Otros líderes populares como Isabel Díaz Ayuso muestran su rechazo con más contundencia. "Me parece incomprensible todo lo que está ocurriendo. Lo lógico es que (los menores) vuelvan a sus casas. Cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos", ha defendido la presidenta madrileña.

No obstante, la formación 'popular' sostiene que cumplirá la ley, aunque aboga por otros mecanismos que le parecen más convenientes, como "entregar a los menores a los servicios sociales de su país de origen".

"Creemos que hay que cumplir la ley, y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis. Se puede reagrupar a los menores con su familia, se puede entregar a los servicios sociales de su país de origen", ha defendido la diputada del Parlamento Europeo, Alma Ezcurra.

En paralelo, los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León han adelantado que harán todo lo posible por no acoger a ni un solo menor, una posición a la que accedieron en sus acuerdos con Vox.

No solo el PP rechaza acoger a menores. En Cataluña, Junts también se ha negado. Todos ellos hacen así oídos sordos a la petición de auxilio de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que también reclama solidaridad al resto de territorios.

Cambio de discurso en el PP

El debate sobre el reparto de menores migrantes no es nuevo, aunque lo que sí ha cambiado es la postura del PP hacia ello. Siempre se ha mostrado sus reservas en este sentido, pero en otras ocasiones sí ha accedido a cumplir con su deber.

Por ejemplo, aunque lo hicieron con matices, reclamando financiación y criticando el sistema de reparto, tras la crisis migratoria de 2021 de Ceuta, mostraron su "solidaridad" con la ciudad autónoma y aceptaron recibir a los menores.

"Hemos dicho que sí. Somos un pueblo solidario, aunque discrepamos de la fórmula del reparto absolutamente con criterios cada vez más inventados", expresó entonces Feijóo.

En esta línea, Juanma Moreno aseguró que "el gobierno andaluz siempre cumple las leyes", y pidió también a Moncloa facilitar ayudas a las comunidades.

La historia se volvió a repetir en 2024, aquella vez en Canarias. El PP aceptó recibir 347 menores migrantes en sus comunidades autónomas, incluidas las que gobernaba en coalición con Vox.

"Vamos a ser solidarios con Canarias y con Ceuta y con las personas que están sufriendo porque a veces se nos olvida que son personas, que son niños o niñas", afirmó Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Abascal avisó entonces que aquello tendría consecuencias y amenazó con abandonar los gobiernos, algo que finalmente cumplió. Ahora, Vox ha vuelto a algunos gobiernos autonómicos en los que han entrado haciendo gala de la conocida prioridad nacional, lo que ha llevado al PP ha endurecer su posición.

Dichos gobiernos han anunciado recursos judiciales y han advertido que intentarán torpedear y poner trabas al reparto. Aunque lo cierto es que, al final del proceso, el reparto viene marcado por la ley.

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