Un nuevo escrito de la Abogacía del Estado vuelve a cargar contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel por lanzar una "causa general y prospectiva" e iniciar "una búsqueda voraz de indicios de delito" contra el Gobierno. La jueza mantiene abierta una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la manifestación del 8M.
Este informe llega como respuesta aldictamen que el forense adscrito al juzgado ha remitido a la Rodríguez-Medel en el que sostiene que la "hecatombe y el tsunami se veían venir" y que el Gobierno "minimizó el riesgo del virus".
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia señala en su escrito que la instructora ha descansado en la Policía Judicial de la Guardia Civil "todo el peso de realizar la instrucción, recabando la documentación, analizándola e incluso decidiendo de forma autónoma a quién se dirigían".
"La Policía Judicial en este caso, ha suplantado a la instructora, recabando pruebas, seleccionando testigos, seleccionando sin criterio conocido las fuentes de información y lo que es peor, haciendo un análisis de todo ello que se presenta como las conclusiones acusatorias sobre las que se asienta la continuación de la instrucción", detalla dicho documento.
Algo que, según indica, ocurrió con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). "Esos informes se han convertido en sí mismos en los indicios que la instructora buscaba y lo han hecho, porque lejos de dedicarse a la averiguación de hechos, lo que han hecho es una análisis de los mismos, elaborando incluso conclusiones", asegura el texto.
Esta no es la primer vez que la Abogacía denuncia la actuación de la jueza. En un documento anterior, la Abogacía señaló un "claro sesgo acusatorio" en el informe de la Guardia Civil sobre el 8M y acusó a la jueza de abrir"una causa general" contra el Gobierno de Sánchez.
Otras apreciaciones de la Abogacía del Estado
Destaca además que "la gestión de la crisis sanitaria por la Comunidad de Madrid, competente en materia sanitaria, cambió a partir del día 9 de marzo" por el incremento de casos de COVID-19 que se notificaron entonces, y no por la celebración de la manifestación feminista por el Día Internacional de la Mujer.
Por último, la Abogacía añade que Fernando Simón, el director del CCAES, habló en dos ocasiones con los agentes de la Policía Judicial —extremo omitido en su informe— y "consensuaron una posible fecha de entrega de la documentación, sin que en ningún momento", la Guardia Civil le informase de la "urgencia" de dicha entrega o que se tratara de un "plazo preclusivo".