La Abogacía del Estado recurre la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de junio por no haber prohibido manifestaciones masivas como la del 8M.

Considera que no hay indicios de delito que justifiquen esa imputación y critican la celeridad con que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha aceptado la denuncia del abogado que inició las actuaciones.

"Con esta actuación, no sólo se están diluyendo los hechos denunciados objetivamente, sino subjetivamente, desbordando el ámbito competencial de la instructora y convirtiendo la instrucción desde su origen, en una causa general que trasciende a la actuación respecto de la que únicamente se ha declarado competente, que es la del Delegado del Gobierno", apunta el escrito de la Abogacía al que ha tenido acceso laSexta.

Sobre la celeridad de la magistrada, asegura la Abogacía que "muy al contrario, como si de una actuación absolutamente urgente se tratara, después de haberse presentado el escrito de denuncia el día 19 de marzo, (...) el asunto quedó encima de la mesa de la instructora el día 23 de marzo y ese mismo día la instructora, con una sorprendente celeridad sólo compatible con la concurrencia de razones de urgencia, dicta el auto de esa misma fecha que venimos a impugnar".

El informe que ha llevado a su imputación

La juez ha adoptado la decisión de imputar a Franco con un informe de la Guardia Civil repleto de errores, bulos e información incorrecta, en el que mantiene que no se debería haber celebrado ninguna manifestación desde el 5 de marzo y que las autoridades sabían de los riesgos. Sin embargo, para la Abogacía "es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas".

Además, el médico forense adscrito al juzgado ha asegurado que "de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Y aunque al menos se debería haber advertido a la población para que mantuvieran medidas de seguridad e higiene, concluye que no es posible determinar si las personas afectadas por el coronavirus que asistieron a las manifestaciones lo contrajeron por este encuentro o por cualquier otro acto.

En este sentido, la juez ha pedido las resoluciones o el conocimiento o prohibiciones de todas las concentraciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo de 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada. Por otra parte, ha enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Interior en la que recuerda el último párrafo de su providencia, en el que recordaba que la investigación es secreta y que no se puede filtrar ningún documento.

A su vez, la juez ha solicitado dos informes fechados el 3 y el 6 de marzo. El primero de ellos es un escrito del Ministerio de Sanidad titulado "Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19", sobre el que se investigará si fue o no publicado en la página web del Ministerio; el segundo solicita dictar "su distribución o difusión (cauce y fecha), si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente".

El segundo de ellos es el comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad de 6 de marzo de 2020 sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19. Sobre el mismo el juzgado solicita "su distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones) si fue colgado en la web oficial del Ministerio".

La investigación fue abierta tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los Delegados de Gobierno por permitir estos actos masivos que pudieron propiciar la infección por coronavirus.