La motivación de la decisión del Gobierno de recuperar su presencia en Telefónica nace de "salvaguardar las capacidades estratégicas" de la compañía, según han trasladado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el propio Gobierno, que ha recordado que es una operación que ya se ha hecho en países como Alemania, Italia o Francia.
En la sombra está la amenaza de Arabia Saudí, con el STC Group anunciando su entrada hace meses con la adquisición del 9,9% de las acciones por 2.100 millones de euros. La cartera soberana cuenta con 600.000 millones de dólares de activos gracias al petróleo, que lleva años intentando diversificar sus inversiones, llevándolas a sectores estratégicos europeos y americanos.
Esta inversión consta de un 4,9% con acciones directas del capital social de Telefónica y el 5% restante mediante instrumentos financieros. Como respuesta, el Ministerio de Hacienda y Función Pública defiende este "refuerzo para la estabilidad accionarial" de Telefónica, que ayudará a preservar las "capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales".
Telefónica volverá a tener al Estado como parte de su accionariado 26 años después de que fuese privatizada por el Gobierno de José María Aznar. Fue en 1997 cuando se procedió a la salida total de la participación estatal en el accionariado de la compañía, con unas acciones que se vendieron mediante una oferta pública de venta.
Entonces, el Estado llegó a tener el 31,86% de la empresa. Ese 1997, el Gobierno de Aznar privatizó el 20,9% de las acciones sin pasar por el Congreso de los Diputados. No solo eso, sino que puso al mando de la compañía a Juan Villalonga, un compañero de pupitre del expresidente.
El movimiento supone una acción-reacción ante la potente llegada de capital extranjero proveniente de Arabia Saudí. A finales de verano, se conoció la compra del 9,9% de las acciones de la compañía por parte de STC Group tras invertir 2.100 millones de euros.
Esos eran los años de oro de la compañía. Se estima que el Estado ha dejado de percibir unos 20.000 millones de euros por una operación que se considera el mayor error de la oferta pública de acciones.
