Del 'banco malo' al mercado de alquiler: el Gobierno traspasará 40.000 inmuebles y 2.400 suelos al parque público

Ante el problema de la vivienda en España, el Gobierno ha aprobado este martes incorporar al mercado del alquiler 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como 'banco malo'. Además, 2.400 suelos con capacidad para construir unas 55.000 casas también pasarán a formar parte del parque público de vivienda y se ofertarán a precios asequibles. Se trata de los pisos de los que se deshicieron los bancos en 2012, tras miles de desahucios.

Un anuncio que ha hecho la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, quien a su vez explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas viviendas y suelos poseen un valor de mercado estimado en este momento de en torno a 5.900 millones de euros. De esta manera, Sepes se quedará con la totalidad de las viviendas de las que disponía Sareb y con más del 30% de los suelos.

Pese a ello, la ministra indicó que se podrá ampliar por razones justificadas mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Estas viviendas y suelos, señaló Rodríguez, pasarán de una entidad a otra mediante una transmisión no lucrativa. "Se hará primero a Patrimonio por seguridad jurídica y después a Sepes", detalló. Las viviendas pasarán a ser alquiladas a precio asequible, lo que supone que los inquilinos que moren dichos inmuebles jamás pagarán más del 30% de sus ingresos mensuales.

Con esta medida, el Gobierno trata de revertir el exiguo número de viviendas sociales que posee, ya que en España el parque de vivienda pública solo representa el 3,4% del total del parque inmobiliario, una cifra muy inferior a la media europea. Rodríguez, que lamentó que en España en los últimos 45 años se construyeran cerca de 2,5 millones de viviendas públicas que posteriormente fueron vendidas a particulares y fondos de inversión, recalcó la importancia de blindar el parque público de vivienda para siempre.

También puso en valor el trabajo realizado por la Sareb desde 2022, año en que el Estado pasó a convertirse en máximo accionista de dicha entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "La división social de Sareb ha conseguido regularizar 7.700 contratos de familias vulnerables", recordó Rodríguez.

¿Cuáles son?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explicó que las viviendas traspasadas están situadas en áreas metropolitanas, islas, municipios con población superior a 5.000 habitantes o superior a 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5% en los últimos diez años. Además, los edificios y viviendas tienen que carecer de patologías estructurales, estar acordes con la legislación urbanística y tener condiciones de habitabilidad adecuadas.

Respecto a los suelos, tendrán que estar ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes, contar con una superficie superior a 150 metros, tener calificación de uso global residencial plurifamiliar o colectiva y poder albergar promociones de 30 o más viviendas. Asimismo, los suelos deberán estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro, en pleno dominio de Sareb, salvo que sean susceptibles de poder hacerlo tras un proceso de gestión urbanística o su participación en la titularidad del inmueble sea superior a un 80%.

El futuro del 'banco malo'

Preguntada por la diferencia entre que estos pisos los gestione Sareb o Sepes, Rodríguez indicó que la principal meta del conocido como 'banco malo' era la venta de los inmuebles con el fin de que el cobro de esos activos revirtieron en el pago de la deuda de las entidades bancarias. "Nosotros pasamos a poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas. Es un cambio de paradigma coherente con las políticas públicas de este gobierno", señaló.

Asimismo, indicó que la gestión, que hasta ahora Sareb la había externalizado a empresas especializadas -posee un contrato de 'servicing' con Hipoges y Aliseda que está pendiente de ser prorrogado- estará gestionado por el propio Sepes, empresas públicas de vivienda autonómicas y municipales y empresas del Tercer Sector. Sobre por el futuro de Sepes, cuyo horizonte temporal fijado es la finalización de su actividad en 2027, recordó que es competencia del Ministerio de Economía, pero aseguró que este acuerdo es "una señal" de hacia dónde se dirige el Gobierno con dicha entidad.