Batalla por la banca
El BBVA recurre ante el Supremo el veto temporal del Gobierno a una fusión con el Sabadell
Los detalles BBVA decide recurrir ante el Tribunal Supremo las condiciones adicionales impuestas por el Gobierno —como la gestión independiente del Sabadell y la prohibición de despidos o cierres de oficinas durante hasta cinco años— para mantener viva la opa sobre Banco Sabadell.
Resumen IA supervisado
El BBVA ha llevado a los tribunales su conflicto con el Gobierno por las condiciones impuestas a la opa sobre Banco Sabadell. En julio, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que exige la gestión independiente de ambas entidades y prohíbe despidos o cierres de oficinas durante al menos tres años. El banco considera que el Ejecutivo no puede endurecer las condiciones fijadas por la CNMC. El Gobierno, por su parte, defiende que actuó conforme a la ley, que permite imponer condiciones adicionales por interés general. Ahora, el Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la impugnación del BBVA.
* Resumen supervisado por periodistas.
El BBVA ha decidido judicializar el pulso con el Gobierno por la opa lanzada sobre Banco Sabadell. La entidad, presidida por Carlos Torres, presentó el pasado 15 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que impuso condiciones adicionales para autorizar la operación, entre ellas que ambas entidades mantengan una gestión independiente y que se prohíban despidos o cierres de oficinas durante, al menos, tres años —plazo que podría ampliarse a cinco—.
Desde el banco insisten en que la vía judicial "no interfiere" en el desarrollo de la opa. El plazo para recurrir vencía en septiembre, pero la entidad decidió no esperar, pese a que en la presentación de resultados del segundo trimestre, el 31 de julio, el consejero delegado, Onur Genç, aseguró que aún no había una decisión tomada.
Torres ya había advertido días antes de que el Gobierno aprobara las nuevas condiciones que recurrirían "si se endurecen" las obligaciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio luz verde a la opa el 30 de abril con una serie de compromisos. Según la interpretación del banco, el Ejecutivo solo podía mantener o suavizar esas exigencias, no endurecerlas.
BBVA también podría cuestionar si la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía, una novedad en el ámbito de opas y fusiones, se ajusta a la Ley de Defensa de la Competencia. El recurso se registró antes de que la Comisión Europea abriera, en julio, un expediente para examinar si las competencias del Ministerio de Economía cumplen la normativa comunitaria, un elemento que, según fuentes jurídicas, podría reforzar la posición del banco.
Ahora el Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la impugnación. Si lo hace, reclamará el expediente y pedirá alegaciones a la Abogacía del Estado antes de analizar la actuación del Ejecutivo.
Respuesta del Gobierno
Tras conocerse la decisión del BBVA, el Ministerio de Economía ha reiterado este jueves que el Gobierno actuó "en todo momento" conforme a la legislación nacional, respaldado por los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a las competencias de todas las instituciones implicadas. El Ejecutivo defiende que la norma, vigente desde 2007, permite imponer condiciones adicionales por interés general, más allá de las fijadas por la CNMC.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que se actuó "de manera muy estricta" dentro de la ley, que faculta al Gobierno a intervenir en operaciones de concentración. El BBVA lanzó su opa sobre el Sabadell en mayo de 2024 y obtuvo el aval de Competencia en abril de este año, pero la última palabra la tuvo el Consejo de Ministros, que aprobó la operación con la condición de mantener la independencia de ambas entidades durante un mínimo de tres años.