MITECO
El decreto sobre centros de datos mantiene sus requisitos clave y da más margen a las gigafactorías europeas de IA
¿Por qué es importante? La propuesta de Real Decreto mantiene la obligación de cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable y amplía hasta cinco años los plazos para determinados proyectos estratégicos europeos de inteligencia artificial.
Imagen de archivo de una pantalla con aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).Resumen IA supervisado
La nueva propuesta de Real Decreto para regular los centros de datos en España introduce flexibilidad en plazos para cumplir medidas energéticas y amplía el margen para proyectos estratégicos europeos vinculados a la IA. Mantiene que centros con más de 10 MW cubran el 80% de su consumo con energía renovable. El umbral de aplicación sube de 1 a 10 MW, centrándose en instalaciones grandes. Los contratos de suministro renovable podrán tener hasta 36 meses de antigüedad, y su duración mínima se reduce a seis años. Se flexibiliza el cumplimiento de objetivos renovables mediante almacenamiento y plantas solares previas. La normativa incluye requisitos de consumo de agua y eficiencia energética, y establece mantener datos sensibles del sector público dentro de la UE. El Ministerio para la Transición Ecológica destaca que el texto conserva la ambición de la propuesta inicial.
* Resumen supervisado por periodistas.
La nueva propuesta de Real Decreto para regular los centros de datos en España mantiene los principales requisitos del primer borrador, aunque introduce mayor flexibilidad en los plazos para cumplir las medidas energéticas y amplía el margen para los proyectos estratégicos europeos vinculados a la inteligencia artificial (IA). El Gobierno ha remitido este lunes el texto al Consejo de Estado, según el documento al que ha tenido acceso EFE.
La norma mantiene la obligación de que los centros de datos con una potencia eléctrica de acceso superior a 10 megavatios (MW) cubran al menos el 80% de su consumo mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable generada en España. El nuevo borrador eleva de 1 a 10 MW el umbral de aplicación de estos requisitos, de modo que la regulación se centra en las instalaciones de mayor tamaño.
Uno de los principales cambios afecta a los contratos de suministro renovable. Las instalaciones de generación vinculadas a los centros podrán tener hasta 36 meses de antigüedad antes de la puesta en marcha de la infraestructura, frente a los 18 meses previstos inicialmente. Además, la duración mínima de los contratos se reduce de diez a seis años. La propuesta también flexibiliza el cumplimiento de los objetivos de energía renovable mediante el almacenamiento con baterías y permite recurrir a plantas solares fotovoltaicas construidas con anterioridad, siempre que no tuvieran contratos de compra de electricidad a plazo suscritos cuando entre en vigor el decreto.
El texto incorpora, además, un periodo de adaptación para las empresas. Hasta el comienzo de 2029, dispondrán de seis meses desde la formalización del contrato de acceso a la red para cumplir los requisitos de generación renovable. En el caso de los centros que formen parte de iniciativas estratégicas europeas orientadas a reforzar la soberanía digital, el plazo para implantar las medidas de autoconsumo o compra de electricidad renovable podrá alcanzar los 60 meses.
En cuanto a la correlación horaria entre el consumo y la generación renovable, las empresas podrán acogerse a un periodo de adaptación de cinco años, con objetivos graduales. A cambio, deberán integrarse en el sistema de reducción automática de potencia, que permite desconectar estas instalaciones ante situaciones de tensión en la red, sin derecho a indemnización y respetando el tiempo de respuesta comunicado por el operador del sistema.
La propuesta también establece requisitos relacionados con el consumo de agua y la eficiencia energética. Los centros deberán cumplir los niveles más exigentes del etiquetado europeo en materia de consumo hídrico, mientras que el margen transitorio del indicador de eficiencia energética PUE —que mide la relación entre el consumo total de una instalación y el destinado a los equipos informáticos— se eleva de 1,15 a 1,25. Esta flexibilidad, que incorpora una adaptación a las condiciones climáticas, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031 para las instalaciones que formalicen su contrato de acceso a la red antes de 2029.
En materia de soberanía digital, el decreto obliga a mantener dentro de la Unión Europea los datos más sensibles del sector público alojados en estas instalaciones, aunque permite que se preste soporte técnico remoto desde terceros países cuando sea estrictamente necesario.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sostienen que el nuevo texto conserva "la ambición y los elementos clave" de la propuesta sometida a información pública. El objetivo, según el departamento, es evitar que el desarrollo descontrolado de los centros de datos tenga efectos adversos sobre los recursos hídricos y el precio de la electricidad. El ministerio considera que la propuesta española es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha.