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El Congreso estudia si la DGT debe pagar gastos de los ayuntamientos rurales que acogen exámenes de conducir
Llevan al Congreso una propuesta para que la Dirección General de Tráfico (DGT) financie los gastos de los ayuntamientos situados en zonas rurales por digitalización e instalaciones usadas como centros de exámenes.
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El PP llevará al Pleno del Congreso una propuesta en busca de que el Gobierno asegure que los ayuntamientos"no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales" derivadas de las nuevas exigencias vinculadas a la digitalización, "garantizando que dichas competencias sean ejercidas y financiadas" por la Administración General del Estado a través de la DGT.
El PP quiere que el Ejecutivo garantice la "continuidad y el adecuado funcionamiento" de los centros de examen desplazados para las pruebas teóricas y prácticas de conducir en todos los municipios que cuentan con este servicio, "evitando que la digitalización de los procedimientos suponga un obstáculo para los ciudadanos de zonas rurales o con menor densidad de población".
En este contexto, los 'populares' proponen impulsar "líneas específicas de financiación" para las entidades locales, con el objetivo de que "puedan acometer las adaptaciones necesarias que permitan mantener operativo el servicio sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario".
Del mismo modo, abogan por establecer mecanismos de diálogo y colaboración institucional con las entidades locales y autonómicas implicadas, incluyendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que cualquier decisión relativa a los centros de examen se adopte "con consenso y transparencia".
El PP apuesta, asimismo, por evaluar el impacto territorial y social de estas medidas, prestando especial atención a su incidencia en "la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades, para garantizar que la modernización del sistema de exámenes de conducción no derive en una discriminación por razón del lugar de residencia".
En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley, el PP sostiene que los centros de examen desplazados "han sido históricamente un instrumento clave para garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a la obtención del permiso de conducir, especialmente para quienes residen en municipios pequeños o zonas rurales".
"Consideramos necesario que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar que el proceso de digitalización de las pruebas de conducción se lleve a cabo respetando el principio de equidad, sin trasladar cargas indebidas a los ayuntamientos, y asegurando que los ciudadanos de todos los territorios puedan acceder en igualdad de condiciones a este servicio", asegura.
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