Reyero, espejo de las vergüenzas
Sin traslado, sin atención, sin derecho: el exconsejero de Ayuso confirma que los 'protocolos de la vergüenza' eran "discriminatorios"
El contexto Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, declara ante el juez que miles de mayores fueron excluidos de atención hospitalaria por vivir en residencias, tener discapacidad o no contar con seguro privado.
No eran protocolos médicos. Era discriminación. Así lo ha dicho Alberto Reyero, el que fue consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Ayuso durante la primera ola del COVID-19. Ha declarado como testigo ante el juez que investiga lo que pasó en las residencias de mayores, y ha sido recibido con aplausos por familiares de los fallecidos. Él les ha agradecido que sigan luchando.
Según Reyero, en marzo de 2020, cuando se empezaron a aplicar los llamados 'protocolos de la vergüenza', se decidió de forma clara quién podía ser atendido en un hospital y quién no. Y el criterio no era médico. Si vivías en tu casa, una ambulancia podía venir a buscarte. Pero si estabas en una residencia, era casi una condena: casi ocho de cada diez mayores murieron sin ser trasladados. Si tenías seguro privado, más posibilidades de recibir atención. Si tenías una discapacidad grave o deterioro cognitivo, quedabas descartado.
Reyero supo de esos protocolos el 21 de marzo de 2020. Al día siguiente, mandó un correo al consejero de Sanidad y a Carlos Mur, quien firmó los protocolos, advirtiendo que eso podía tener consecuencias legales y que los mayores estaban muriendo de forma indigna. No le respondieron. Mandó otro mensaje. Nada. En los días siguientes, trató de convencer a sus compañeros de gobierno de que había que medicalizar las residencias. No lo logró.
En público, en la Asamblea, mientras seguía en el cargo, dijo claramente: "Estoy radicalmente en contra de los protocolos. No son éticos y posiblemente no sean legales". En octubre de ese mismo año, dimitió.
Tiempo después, publicó un libro contando lo que pasó. En un debate electoral, alguien se lo intentó dar a Ayuso. Su respuesta fue clara: "No me lo acerque".
Entre marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas en residencias madrileñas. Hoy, muchos siguen exigiendo justicia. Y Reyero, uno de los pocos dentro del Gobierno que denunció lo que ocurría, ha vuelto a poner voz a lo que tantas familias llevan años diciendo: no fue una crisis inevitable, fue una decisión política.