análisis
Bosch, sobre la investigación de la Audiencia Nacional sobre Ceuta: "Está claro que se han cometido posibles delitos contra la independencia del Estado y de tráfico de personas"
El magistrado considera que la apertura de diligencias no implica atribuir responsabilidades penales al Ejecutivo y subraya que la gestión de la crisis debe distinguirse de los posibles delitos cometidos.
El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha valorado la decisión de la Audiencia Nacional de asumir la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido que existen motivos suficientes para investigar lo ocurrido. La Audiencia apreció indicios de posibles delitos contra la integridad territorial de España y otros ilícitos relacionados con la entrada de migrantes.
"De partida está claro que se han cometido hechos que pueden ser delictivos y están en el auto por el que la Audiencia Nacional se ha declarado competente", ha señalado Bosch. El magistrado ha enumerado entre las hipótesis que recoge la resolución posibles delitos contra la independencia del Estado, tráfico de personas, favorecimiento de la inmigración ilegal e incluso posibles homicidios imprudentes por las personas que fallecieron durante el intento de llegar a España.
A su juicio, que se abra una investigación penal no implica necesariamente que existan responsabilidades por parte de miembros del Gobierno español. "Una vez se ha detectado que la Audiencia Nacional puede ser competente, es lógico que se busque un procedimiento penal, lo cual no significa presumir que miembros del Gobierno han podido cometer algún delito", ha explicado.
Bosch considera que la actuación del Ejecutivo durante la crisis debe analizarse, en principio, desde una perspectiva política, mientras que la investigación judicial debe centrarse en determinar si se cometieron delitos y quiénes fueron sus responsables. El auto apunta a que la entrada masiva no fue espontánea y sitúa su posible organización en Marruecos, concretamente en cargos policiales del país vecino.
"Posiblemente pueda haber implicaciones de miembros del Gobierno o del régimen marroquí", ha apuntado Bosch, que ha subrayado que se trata, de momento, de una hipótesis que deberá ser confirmada durante la investigación. "La investigación intentará determinar quiénes fueron las personas responsables", ha añadido.
Una investigación complicada
Bosch ha advertido de las dificultades que tendrá la jueza para reconstruir lo ocurrido, especialmente porque parte de los hechos se habrían organizado en un país extranjero. "No solo es un país extranjero, sino que además es un país no democrático, lo cual implica que su Poder Judicial tampoco es independiente", ha señalado.
En este sentido, considera que la falta de independencia de las instituciones marroquíes puede dificultar la identificación de los responsables y la obtención de información sobre cómo se organizó la entrada masiva.
El magistrado también ha diferenciado entre la actuación del Gobierno y la del Poder Judicial a la hora de abordar la posible responsabilidad de Marruecos. "Por parte del Gobierno puede entenderse esa falta de claridad o de determinación a la hora de imputar responsabilidad a Marruecos", ha afirmado, al considerar que pueden existir "motivos diplomáticos" o razones de "prudencia institucional".
Sin embargo, Bosch sostiene que esas consideraciones no deben condicionar una investigación judicial. "El Poder Judicial sí que puede intentar llegar hasta el final si esto resultara posible con los elementos de la investigación con los que se puedan contar", ha defendido.
"El Poder Judicial investiga sobre hechos e investiga sobre posibles autores y no tiene que jugar con las conveniencias del lenguaje diplomático", ha concluido.
"La mala gestión no es delito"
Preguntado por si considera que en los hechos investigados se produjeron delitos, Bosch ha sido tajante: "Efectivamente que ahí se han podido perpetrar toda una serie de delitos que tendrían consecuencias indudables en nuestro país".
El magistrado ha recordado además que el propio presidente del Gobierno calificó lo ocurrido como un "ataque a la integridad territorial", una expresión que, a su juicio, apunta a la gravedad de los hechos. No obstante, ha insistido en que la investigación no implica necesariamente que vaya a terminar con cargos contra miembros del Ejecutivo español.
"La mala gestión ante una crisis de este tipo no es delito, solamente es delito aquello que está en el Código Penal", ha explicado. Por ello, considera "muy poco probable" que la causa pueda acabar en imputaciones contra miembros del Gobierno con los datos disponibles actualmente.
Sí contempla, en cambio, que algún ministro o miembro del Ejecutivo pueda tener que declarar como testigo para aclarar cuál fue la respuesta de las autoridades españolas ante la entrada masiva. "Podía ser difícil de gestionar, pero podía haberse gestionado mucho mejor también", ha apuntado.
Bosch ha recordado finalmente que la Audiencia Nacional no podría citar como investigado a un miembro del Gobierno debido a su condición de aforado ante el Tribunal Supremo. En ese supuesto, tendría que elevar una exposición razonada al alto tribunal. "Ahora mismo no veo ningún delito hipotético que pudiera afectar a algún miembro del Gobierno", ha concluido, a la espera de las diligencias que se practiquen durante la investigación.