El Gobierno se personará como perjudicado en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta

El Gobierno ha anunciado que se va a personar como perjudicado en la causa de la Audiencia Nacional que investiga la crisis migratoria en Ceuta. Así lo ha informado este lunes el ministro de Política Territorial y máximo responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, en una entrevista televisiva.

Lo ha hecho después de que la jueza María Tardón declarara este lunes la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. Y después de que el Gobierno, además, llegara a desautorizar el informe policial que se envió a la magistrada desde el CENIF de la Policía Nacional, en el que se apuntaba a un "guiado activo" de los migrantes por parte de miembros de la gendarmería marroquí.

De hecho, horas después de conocerse la decisión de la jueza Tardón, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda la imparcialidad de esta, agitando así el fantasma del lawfare: "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha asegurado el socialista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.

Esta magistrada considera que los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio con la entrada desde Marruecos a Ceuta de miles de migrantes son delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. Incluso, habla de "un ataque grave a la integridad territorial de España".

Por su parte, Torres ha asegurado que PP y Vox utilizan "el matonismo y las amenazas" durante la crisis de Ceuta y ha confirmado en ese momento que "el Gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado ante la investigación abierta en la Audiencia Nacional". "Por tanto, vamos a defender evidentemente esa personación para tener la confirmación y defender si esas investigaciones culminan en que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros", ha asegurado.

Y es que en el escrito de este lunes, al que ha tenido acceso laSexta, la jueza también habla de que el precitado informe policial "ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio".

Pese a ello, no obstante, es muy difícil que el país vecino resulte condenado, de ser cierta esa responsabilidad, ya que la investigación se exige a los cuerpos de seguridad de España, sin poder obligar esas pesquisas a los extranjeros. Si bien España se podría acoger a un acuerdo de colaboración, lo cierto es que si realmente las autoridades marroquíes estuviesen implicadas, difícilmente colaborarían con la justicia española. Además, tampoco se puede enjuiciar a un país como tal.

Quien sí podría acabar en el banquillo, aunque también es complicado, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su posible imputación no se puede descartar, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los delitos que va a investigar la jueza María Tardón es contra la paz y la independencia del Estado. Eso sí, su condición de aforado obligaría a la jueza a enviar esta causa al Tribunal Supremo.

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