La historia de Carmen está indignando a las redes sociales. A sus 90 años, ha tenido que comparecer en un juzgado por hablar sobre la represión que vivieron en Navarra entre el 1936 y el 1945.

Según explica en Twitter Laura Pérez Ruano, parlamentaria foral de Orain Bai-Ahora Sí, Carmen García Pellón ha sido citada en el juzgado por dar su testimonio en un trabajo de investigación sobre la represión. Y es que ahora Roberto Martínez, el alcalde de Yesa, Navarra, nieto de un regidor franquista, le insta a retractarse.

Sin embargo, la anciana se ha negado a rectificar porque la represión de la dictadura le tocó muy de cerca. Según 'Público', con solo ocho años vio como dos guardias se llevaban a su padre y un tiempo después, su familia sufrió una expropiación de parte de sus tierras. "Fusilaron a mi padre, nos quitaron tierras y ahora, con 90 años, quieren que me calle. Pero eso no va a pasar", señala en el citado diario.

Su testimonio fue recogido en una entrevista que se difundió en Youtube y en él, Carmen señalaba a Isidoro Martínez, abuelo del actual alcalde de Yesa, como uno de regidores que participaron en el robo de tierras a su familia.

En los tweets difundidos por Laura Pérez Ruano también se recogen imágenes del escrito presentado por el alcalde de Yesa, que ha llevado a la anciana a comparecer ante un juzgado.

"Formulo una solicitud para que Carmen García Pellón se avenga a retractarse de las declaraciones efectuadas en las que imputa al abuelo de mi representado haber robado todo lo que pudo, haber sido ladrón, apropiarse de todos los terrenos del pueblo y haberse quedado con las tierras de los fusilados", reza en la carta que presentó el letrado al juzgado.

Tras negarse a hacer una rectificación, Carmen podría enfrentarse a una querella por parte de Roberto Martínez, que podría tener consecuencias civiles y penales. "Los "herederos ideológicos" de la masacre, lejos de pedir perdón, no sólo tienen la desfachatez de mandar a los tribunales a las víctimas, sino que exhiben las placas de reconocimiento a los asesinados que la ley exige, sobre un cuadro eléctrico; atentando contra su dignidad", sentencia Laura Pérez Ruano.