Lo fija la administración

En Euskadi las VPO son para siempre: una ley de 2003 prohíbe que los propietarios las vendan a un precio libre

Los detalles En 2003 el Gobierno Vasco actualizó la normativa de acceso a viviendas de protección pública para intentar evitar de esta manera la especulación y que los precios sean finalmente imposibles.

En Euskadi las VPO son para siempre: una ley de 2003 prohíbe que los propietarios las vendan a un precio libre
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Hay un lugar en España donde no se puede vender la vivienda protegida a precio de libre mercado en ningún momento y ese lugar es Euskadi. Una ley desde 2003 obliga a los vendedores a establecer un precio con un máximo que es fijado por la administración.

Los vecinos del barrio de Deusto en Bilbao en su mayoría viven en viviendas de protección oficial cuya adquisición fue a un precio asequible y, además, no las pueden vender nunca a un precio libre.

De esta misma forma ocurre en toda Euskadi. En 2003 el Gobierno Vasco actualizó la normativa de acceso a viviendas de protección pública para intentar evitar de esta manera la especulación y que los precios sean finalmente imposibles.

En la calle, las opiniones al respecto son dispares. Mientras unos consideran que es algo injusto otros creen que la medida que adoptó el Gobierno Vasco está bien porque "hay que proteger los derechos de la gente y que todos puedan tener una vivienda".

Este mismo miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha propuesto blindar de forma permanente la calificación de estas viviendas en el resto de España.

En este sentido, denuncia que en los últimos 45 años se construyeron más de 2,4 millones de viviendas protegidas en España, pero que "la práctica totalidad" acabaron descalificadas y vendidas en el mercado libre a precios elevados o bien "fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre".

Esto, advierte Sánchez, supone un mal uso de los impuestos y nos aleja de la media europea de un 8% de vivienda pública social, por lo que pide poner fin a esta "terrible sangría" con el que compromiso de que "las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".