Las empleaban como internas para cuidar a mayores y dependientes, pero la realidad es que sus condiciones estaban más cerca de la esclavitud. La justicia gallega investiga ahora a la dueña de la empresa que tramitaba estos contratos, hasta 60, y que no cumplían ningún derecho laboral

María cobraba por atender a una persona mayor en su domicilio menos de 2 euros la hora. Su jornada era de 24 horas al día, 7 días a la semana. "La señora no quería que saliéramos para nada, y si salía me descontaban 50 o 100 euros. Si era un día 50 y si eran dos 100 euros", cuenta María, víctima de explotación laboral.

Como ella, unos 80 emigrantes de América del Sur trabajaban en Galicia sin derechos y sin descanso. El juzgado de Lugo investiga a la dueña de la empresa que las contrataba. "No entendemos por qué a unas les pagaban a unas 600, 700 y a otras 1.000", explica el abogado de las víctimas, Wadir Sinisterra.

Asistencia Castroverde S.L. las contrataba sin permiso de trabajo, les pagaba en sobres o mediante cajero y se embolsa ayudas públicas. Se estima que por cada trabajador, ella se quedaba con 500 euros.

La empresa ofrecía sus servicios a diferentes ayuntamientos gallegos de los que cobraba subvenciones. Por su parte, Xunta y ayuntamientos aseguran que nunca recibieron denuncias, ni detectaron problemas. "La vinculación de la empresa con el Ayuntamiento de Castroverde, más o menos, está todo en regla", asegura el alcalde de Castroverde, Xoxé María Arias.

La empresa, investigada por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya ha entrado en concurso de acreedores. "Es mentira lo que viene publicado, no es como lo están informando", afirma la dueña de la empresa.

Unas 25 mujeres ya han presentado denuncia, pero se estima que otras 45 no lo hacen por temor a ser expulsadas.

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