El tribunal que juzga el crimen de la Guardia Urbana en la
Audiencia de Barcelona no ha admitido como prueba el móvil diminuto que fue
incautado de la celda de Rosa Peral en la cárcel.
Con ese dispositivo se comunicaba con el exterior, pudo
hacer entrevistas para medios de comunicación e incluso pudo hablar con su
abogado.
Las sesiones del juicio
por el crimen de la Guardia Urbana han empezado este lunes ante el Tribunal del
Jurado de la Audiencia de Barcelona con los dos sospechosos, los también
agentes del cuerpo Rosa Peral y Albert López, sentados juntos en el banco de los
acusados.
Se enfrentan a hasta 25
años de cárcel como presuntos coautores del asesinato del novio de ella -también urbano-, Pedro Rodríguez, al que presuntamente mataron y trasladaron
sin vida en el maletero de su coche hasta la zona del pantano de Foix y lo
quemaron.
El cadáver de Pedro, quien convivía con Rosa y las hijas de
ésta en Cubelles, fue hallado en mayo de 2017 calcinado dentro del maletero de
su coche. Desde entonces el cruce de acusaciones entre los dos detenidos no
cesó.
Peral declaró ante los Mossos que esa noche Albert López, su
amante, apareció en la casa familiar poseído por los celos y, tras una
discusión, Pedro desapareció sin dejar rastro. Una versión que López niega
asegurando que su participación en el crimen fue secundaria y que se limitó a
ayudar a su amante a deshacerse del cadáver.
Ahora, una nueva prueba hallada por los investigadores puede
hacer tambalear la versión de Albert en el juicio. Los agentes han descubierto
que él adquirió un móvil de prepago diez días antes del asesinato y que solo lo
utilizó la noche en la que se produjo el crimen.
La Fiscalía cree que la llamada que realizó con ese terminal
apunta a que el asesinato sí fue premeditado entre ambos. La noche de los
hechos Rosa realizó una llamada perdida a Albert y dos minutos después volvió a
llamarle en una conversación que duró cuatro minutos. Después de eso, Albert le
hizo una llamada perdida a Rosa desde ese número de prepago de nueva
adquisición.
Esa llamada, cree la acusación, sería una señal que
demostraría que el acusado estaba implicado en un plan premeditado para acabar con
la vida de Pedro Rodríguez.
Esta nueva prueba ha sido descubierta después de que la
compañía telefónica Lycamobile haya respondido a la petición que hizo el juez
que investiga el crimen, con dos años de retraso. Además, la adquisición de ese
móvil se enmarca en unas fechas que podrían cuadrar con la preparación del
crimen: cuatro días antes de comprar esa línea, Albert le preguntó a un
compañero de la Guardia Urbana cómo se desharía de un cadáver. Una pregunta que
el agente respondió asegurando que lo quemaría dentro de un coche.