El Supremo propone juzgar al fiscal general por revelación de secretos y le acusa de seguir "indicaciones" de Moncloa

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por el correo filtrado de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, en el que admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal. De esta manera, se convierte en el primer fiscal general del Estado procesado en la historia de la democracia.

Junto a él, se queda a un paso del banquillo la también imputada fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien la semana pasada pedía el sobreseimiento de la causa contra ella. No obstante, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, sí observa indicios de delitos al destacar que dicho email contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad".

"Un frenético intercambio de comunicaciones" a instancias "de Presidencia"

Así reza el auto de transformación de procedimiento abreviado en el que el magistrado también apunta a que cabe presumir que García Ortiz actuó bajo "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno (...) con la finalidad de ganar el relato", que define "político", frente a la información de El Mundo que indicaba que la Fiscalía estaría ofreciendo un acuerdo de conformidad al empresario.

A partir de ahí se "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través (...) WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que (...) la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto". Cuestión que para Hurtado es de "escasa relevancia", en concreto, "de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal".

Si bien no se han encontrado mensajes con miembros del Ejecutivo, pues García Ortiz ya admitió que borraba de forma frecuente sus comunicaciones, Hurtado considera probada la intervención de Moncloa en el hecho de que por en la mañana del 14 de marzo el correo estaba en posesión de la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Acera, el cual en aquel ostentaba la jefatura del equipo del presidente Pedro Sánchez. Un correo que aquel entonces también estaba en posesión del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.

De Moncloa a Lobato

Desde ahí, dice el magistrado, que llegó al predecesor de López al frente del PSOE de Madrid, Juan Lobato, al que le enviaron este correo electrónico para que lo sacara esa mañana en la Asamblea de Madrid donde encabezaba la oposición de la presidenta regional Díaz Ayuso. Precisamente, el socialista llevó estos mensajes ante un notario, lo cual lo llevó a testificar en el alto tribunal y salir de la secretaría general de los socialistas madrileños.

Además, el magistrado considera que "la filtración pone en cuestión el prestigio de la institución" al presentar "indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado". Algo que a ojos de Hurtado "fue asumido por los investigados, desde el momento que (...) le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida".

Las horas no cuadran, los testimonios tampoco

Llegados a este punto, sin embargo, cabe destacar que según el sumario el expediente completo de Alberto González Amador llega al correo del fiscal general del Estado el 13 de marzo a las 21.59. Apenas diez minutos después, la web de laSexta publicaba que era la defensa del empresario quien ofrecía un acuerdo de conformidad y no al revés. Tiempo claramente insuficiente para que García Ortiz hubiera filtrado la información, pero que Hurtado obvia.

De hecho, a esas horas el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ya había difundida que era al contrario, tal y como había publicado tergiversadamente El Mundo. Cuestión que también se ignora por parte del magistrado, así como el testimonio de otros periodistas en los que sostienen que tenían acceso a la información horas antes de que el fiscal recibiera esos correos.