Un total de 179
diputados van a cobrar la denominada 'indemnización de transición', una paga
única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo tras la disolución
de las Cortes por la convocatoria de los comicios del 10 de noviembre. Los
otros 30 que podían solicitar esa compensación han declinado hacerlo.
En todo caso, la cifra
de beneficiarios es inferior a la registrada hace seis meses, tras la
convocatoria de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Entonces, de
los 221 diputados que podía reclamar esa paga, sólo cinco renunciaron, según
los datos oficiales recogidos por Europa Press.
Tras la disolución del
Congreso sólo continúan siendo diputados, y por tanto siguen cobrando como
tales, los 137 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el
único órgano que se mantiene en pie en los periodos entre legislaturas.
Los 213 restantes,
fueran o no candidatos a las elecciones generales, podían reclamar esta
indemnización que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían
percibido durante los 47 días que median entre la disolución del Congreso -que
tuvo lugar el 24 de septiembre- y la jornada de reflexión de los comicios del
10 de noviembre.
Eso sí, tanto el líder
de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, como los entonces diputados de
Junts Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, no podían percibir la
indemnización de transición porque ya tenían suspendidos sus derechos,
incluyendo los económicos, al estar entonces procesados, y ahora ya condenados,
por su participación en los episodios del
Los 179 diputados que la
han pedido cobrarán lo correspondiente a esos 47 días de sueldo base que venían
percibiendo -2.981,86 euros- más los complementos que pudieran recibir en
función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone poco más de un
mes y medio de salario. Eso sí, esta indemnización es incompatible con la
percepción de otros ingresos, sean públicos o privados.
Entre los 30 diputados
que han renunciado a esta indemnización, que suponen el 14,35%, se encuentran
el presidente, los ministros y secretarios de Estado con asiento en el
Congreso, así como tres diputados del PSOE, entre ellas la exministra Beatriz
Corredor; otros tres de Unidas Podemos, incluyendo a su secretario de
Organización, Alberto Rodríguez; uno de Ciudadanos; dos del PP, entre ellos el
presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina; y otros
dos de Vox (el teniente general retirado Manuel Mestre y el abogado Pedro
Hernández Fernández).
Tras la disolución de
las Cortes, el pasado septiembre, la plataforma cívica Change.org lanzó una
campaña bajo el título 'Si no curras, no cobras' con el fin de que diputados y
senadores renunciasen a su indemnización. La campaña llevó al Congreso cerca de
700.000 firmas.
Además, los diputados
que no repitan en el escaño en la nueva legislatura y que no perciban ningún
otro sueldo público pueden pedir una indemnización por cese, siempre que hayan
estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Ese 'paro' será el
equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada
actualmente en 2.981,86 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24
meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a
ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del
exparlamentario.
De esta decimotercera
legislatura ya se ha beneficiado de ello Toni Roldán, de Ciudadanos, que dejó
el escaño en junio, y en breve podrán acogerse todos los que no haya revalidado
escaños y no tengan otros ingresos.
