ALGUNOS COBRARÁN MÁS
Un total de 179 diputados cobrarán una paga de 3.000 euros por el fin de la legislatura fallida
Los diputados cobrarán una paga de 2.981 euros por la disolución del Congreso en la legislatura fallida donde no se llegaron a acuerdos para investir un presidente. Sólo 30 diputados han renunciado a recibir este dinero.
Un total de 179 diputados van a cobrar la denominada 'indemnización de transición', una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de los comicios del 10 de noviembre. Los otros 30 que podían solicitar esa compensación han declinado hacerlo.
En todo caso, la cifra de beneficiarios es inferior a la registrada hace seis meses, tras la convocatoria de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Entonces, de los 221 diputados que podía reclamar esa paga, sólo cinco renunciaron, según los datos oficiales recogidos por Europa Press.
Tras la disolución del Congreso sólo continúan siendo diputados, y por tanto siguen cobrando como tales, los 137 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que se mantiene en pie en los periodos entre legislaturas.
Los 213 restantes, fueran o no candidatos a las elecciones generales, podían reclamar esta indemnización que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 47 días que median entre la disolución del Congreso -que tuvo lugar el 24 de septiembre- y la jornada de reflexión de los comicios del 10 de noviembre.
Eso sí, tanto el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, como los entonces diputados de Junts Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, no podían percibir la indemnización de transición porque ya tenían suspendidos sus derechos, incluyendo los económicos, al estar entonces procesados, y ahora ya condenados, por su participación en los episodios del
Los 179 diputados que la han pedido cobrarán lo correspondiente a esos 47 días de sueldo base que venían percibiendo -2.981,86 euros- más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone poco más de un mes y medio de salario. Eso sí, esta indemnización es incompatible con la percepción de otros ingresos, sean públicos o privados.
Entre los 30 diputados que han renunciado a esta indemnización, que suponen el 14,35%, se encuentran el presidente, los ministros y secretarios de Estado con asiento en el Congreso, así como tres diputados del PSOE, entre ellas la exministra Beatriz Corredor; otros tres de Unidas Podemos, incluyendo a su secretario de Organización, Alberto Rodríguez; uno de Ciudadanos; dos del PP, entre ellos el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina; y otros dos de Vox (el teniente general retirado Manuel Mestre y el abogado Pedro Hernández Fernández).
Tras la disolución de las Cortes, el pasado septiembre, la plataforma cívica Change.org lanzó una campaña bajo el título 'Si no curras, no cobras' con el fin de que diputados y senadores renunciasen a su indemnización. La campaña llevó al Congreso cerca de 700.000 firmas.
Además, los diputados que no repitan en el escaño en la nueva legislatura y que no perciban ningún otro sueldo público pueden pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.981,86 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.
De esta decimotercera legislatura ya se ha beneficiado de ello Toni Roldán, de Ciudadanos, que dejó el escaño en junio, y en breve podrán acogerse todos los que no haya revalidado escaños y no tengan otros ingresos.