A continuación están los ocho puntos del "Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo", conocido como el pacto antiyihadista, junto con las medidas que se han llevado a cabo para aplicar su contenido.

1. Modificación del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo y recoger las "nuevas amenazas" en este campo en una proposición de ley sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, que fue aprobada en marzo por el Congreso. El texto persigue la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes sociales e Internet a estos efectos, el envío de combatientes, las conexiones con las redes de facilitación de terroristas, la financiación de las organizaciones terroristas, el papel de los retornados y los denominados "lobos solitarios".

2. Acordar que los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la "máxima pena privativa de libertad" recogida en el Código Penal que, desde el pasado 1 de julio, es la prisión permanente revisable, una figura introducida por el PP que no cuenta con el apoyo de los socialistas.

No obstante, el texto incluye una cláusula en la que las partes se comprometen a mantener el pacto aunque en un futuro cambie el sistema de penas, es decir, en caso de que el PSOE u otro partido derogue la prisión permanente.

3. Impulsar las reformas legislativas necesarias para reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo.

Dos ejemplos son las nuevas leyes de Seguridad Nacional y Enjuiciamiento Criminal. Esta última permite la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas (SMS, correo electrónico y Whatsapp), así como la utilización de claves y troyanos en un ordenador, teléfono móvil o dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de que están siendo examinados.

4. Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas.

Para ello, España impulsa en la ONU un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo.

5. Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia.

Como ejemplo, el Gobierno aprobó un crédito de 10 millones de euros para reforzar a los servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

6. Poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas.

En este sentido, el Ejecutivo aprobó el plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta y el de prevención de la radicalización en las cárceles.

7. Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo. Al respecto, España aboga en Europa por la implementación del registro de identidad de pasajeros y un refuerzo en la seguridad de las nuevas fronteras exteriores de la UE.

Del mismo modo, nuestro país ha firmado el Protocolo adicional al Convenio para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa, cuyo objetivo es impedir las idas y retornos de yihadistas a zonas de conflicto.

8. Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.