La asociación Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue si las autoridades sanitarias únicamente mandaban morfina a las residencias de ancianos para sedar a los internos afectados por el COVID-19 en lugar de medicamentos.
Esta petición se produce después de que Ignacio Fernández Cid, presidente de la patronal que reúne a las empresas de residencias de ancianos en España, lo denunciara en una entrevista en EsRadio.
"Desde el inicio llevamos denunciando que nos habían abandonado que y no nos dejaban hacer derivaciones a centros hospitalarios. Los medicamentos no nos los han mandado y por eso la mortandad ha crecido mucho", aseguraba Fernández Cid en dicha entrevista. En dicha intervención también denunció que el Gobierno tenía en su poder los datos de los fallecimientos en las residencias de ancianos "y no los está dando porque no quiere darlos".
Desde la asociación fundamentan su petición de una exhaustiva investigación de los hechos en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Esto es un horror, una locura y apelamos a su responsabilidad. Esto no se puede obviar. Hay miles de ancianos muertos sin que se les haya dado el derecho a sobrevivir. La residencia no puede ni debe sedar a nadie para morir. No está facultada ni lo pone en ninguna ley", afirman en su escrito remitido tanto a la Fiscalía como al vicepresidente de Asuntos Sociales Pablo Iglesias.
Por su parte, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha reclamado al Gobierno que realice pruebas PCR de coronavirus a todos los ancianos de residencias de mayores, así como al personal que les atiende. La plataforma, que reúne a entidades del sector relacionadas con las personas mayores, asegura que entre el 30 y el 40% de quienes han muerto por COVID-19 vivían en residencias, lo que ha abierto, señalan, una "profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración".