Una palanca, dos detenidos y una aerolínea rescatada: las claves del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

Otra operación policial que se ha conocido este jueves, el registro en Madrid de las oficinas de la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos, se ha saldado con dos arrestados: Roberto Roselli, el CEO de la aerolínea, y Julio Martínez, presidente y dueño.

En las imágenes sobre estas líneas de la detención y el registro se observa cómo dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entrado en las instalaciones con una palanca. La UDEF les investiga por un posible blanqueo de capitales.

A esta hora no se tiene ninguna información que vincule los registros en la aerolínea Plus Ultra con las detenciones de Leire Diez, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y Antxon Alonso, que se encuentran investigados por los presuntos delitos prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Lo único en común es la SEPI, la empresa pública rescató a la aerolínea en 2021 con 53 millones de euros públicos.

Esta operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, en este caso con la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos. Esta es la misma jueza que ya investigó el rescate de Plus Ultra a raíz de una querella que presentaron el PP, Vox y Manos Limpias.

Esta, sin embargo, se archivó en el 2023 porque se pasaron los plazos de instrucción. Este jueves la jueza ha mandado a la UDEF a clonar los dispositivos electrónicos en esta empresa en lo que todo apunta a una reapertura de esta investigación.

Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas.

"Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra", explicó la magistrada en su resolución.

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