Era el mes de febrero y el caso Bárcenas acababa de estallar. Rajoy anunciaba en el debate del Estado de Nación que "es necesario acabar con este clima irrespirable, me repugna que en España haya casos de corrupción".
Ahora, siete meses después, aquellas medidas que anunció entonces, llegan al Consejo de Ministros. Entre sus promesas, aprobar un endurecimiento de las penas. Castigar más, y por más motivos. Porque se amplía el delito de malversación a más supuestos. También sale adelante que los delitos tarden más tiempo en prescribir.
Manuel Villoria, catedrático miembro de Transparencia Internacional, cree que estas medidas pueden marcar un antes y un después, aunque también desconfía "puede ser marketing político".
Otro de los objetivos de esta reforma es que los tesoreros de todos los partidos vayan todos los años al Congreso a exponer sus cuentas. Y además, que esas cuentas estén en un registro público y por tanto que se puedan consultar.
Rajoy también prometía que se vigilaría el enriquecimiento de los políticos. Prometía el presidente auditar a todos los altos cargos cuando se marchen del puesto, para ver si se han enriquecido. Por ahora son promesas que aún no se sabe cómo se traducirán en el código penal.
Modificación de diez leyes
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el informe incluye iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes.
Entre las iniciativas se encuentra la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos, el endurecimiento de las penas por corrupción o la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación.