Pactos de Gobierno

Golpe a la prioridad nacional de PP y Vox: la Justicia europea ve discriminatorio exigir dos años de arraigo para conceder ayudas sociales

Los detalles La sentencia en cuestión habla de la situación de un refugiado pero, tal y como explican los juristas, no es aislada sino que se basa en resoluciones anteriores que amparan a cualquier extranjero legal.

María Guardiola, a la izquierda; a la derecha, Óscar FernándezMaría Guardiola, a la izquierda; a la derecha, Óscar FernándezEuropa press
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Varapalo a PP y a Vox. Varapalo a la idea, al concepto, de prioridad nacional. De eso que la ultraderecha ha metido en los pactos en Extremadura y en Aragón y que los de Génova han comprado. Varapalo, además, desde Europa. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la UE, que considera discriminatorio exigir un mínimo de dos años de arraigo para conceder ayudas sociales.

Así lo ha dicho una sentencia. Una que cuestiona los acuerdos a los que han llegado PP y Vox. Unos acuerdos que, con algo de desdén, intentan salvar los de Feijóo. "Me está comentando usted una sentencia que se refiere a los refugiados, por hablar de concreción, ¿no?", ha cuestionado Bendodo.

Y sí, de eso habla la sentencia. De una situación concreta de una persona refugiada. Sin embargo, tal y como explican los juristas, es una sentencia que no es aislada sino que se basa en resoluciones anteriores que amparan a cualquier extranjero legal.

"El Tribunal Europeo mantiene una línea uniforme tanto en personas migrantes como refugiadas. Esas medidas sobre arraigo suponen una discriminación contraria al derecho europeo", ha afirmado el magistrado Joaquim Bosch.

Como ejemplo, una sentencia de 2024, en la que ya tacharon de ilegal exigir diez años de residencia a extranjeros para acceder a prestaciones sociales.

"Las normas europeas indican que un plazo de arraigo superior a los cinco años sería discriminatorio y no tendría ninguna justificación", insiste el magistrado.

Y es que esa prioridad nacional de PP y Vox, con ese arraigo para las ayudas, podría tumbarse en los tribunales en caso de aplicarse. En caso de que el pacto al que han llegado en Extremadura y en Aragón se haga realidad en el día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas.

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