El adelanto electoral deja por el camino muchas medidas de carácter social que el Gobierno de Sánchez aún no ha conseguido aplicar. No habrá blindaje a la sanidad universal. El reglamento necesario para que sea intocable aún no ha visto la luz.
Y aunque ya está en el Senado, con unas elecciones en abril no da tiempo a aprobar la ley de muerte digna que garantiza los cuidados paliativos. Ni tampoco la regulación de la eutanasia.
En materia de igualdad, diremos adiós a la ampliación de la ley contra la violencia machista, en la que seguirá haciendo falta denunciar para recibir ayudas. Los hijos de maltratadores necesitarán el permiso de su padre para recibir ayuda psicológica y los 220 millones adicionales para las víctimas se perderán.
Tampoco saldrán adelante las leyes para acabar con la brecha salarial y para fomentar la igualdad laboral, aunque esta última se había aceptado tramitar por vía de urgencia.
Los permisos de paternidad se quedarán como están: no habrá subida de cinco a ocho semanas, y no serán iguales e intrasferibles. También se queda en el cajón la intención de eliminar el supuesto de abuso sexual y tipificar como agresiones sexuales si no existe consentimiento de la víctima
Caerá el anteproyecto de protección a la infancia, que eleva hasta los 30 años el plazo a partir del cual comienza a contar la prescripción en caso de abusos. El colectivo LGTBI no tendrá una ley integral de transexualidad y el genero no binario no será reconocido por el momento. Además, tampoco habrá incremento del 40% en las ayudas a la dependencia y tampoco se retirarán las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.