Dana Valencia
La jueza de la DANA mantiene que los alcaldes "se vieron sorprendidos" y señala de nuevo a la Generalitat
El contexto La magistrada de Catarroja cita como testigos a los alcaldes de Utiel y Algemesí, así como a un cargo de AEMET. Asegura que los primeros ediles de las zonas azotadas por la DANA no tienen responsabilidad en la gestión y que "se vieron sorprendidos" al no recibir "la información precisa".

Resumen IA supervisado
La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha reafirmado la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la DANA que afectó a 228 personas, exonerando a los alcaldes de las zonas impactadas. La magistrada sostiene que los alcaldes y ciudadanos fueron sorprendidos por la falta de información adecuada. Este viernes, Ruiz Tobarra citó como testigos al alcalde de Utiel, al de Algemesí, al jefe de Climatología de la AEMET y a tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La jueza enfatiza la diferencia entre las administraciones local y autonómica en la gestión de alertas y medidas de protección, destacando que la Generalitat tenía acceso a múltiples fuentes de información. La responsabilidad penal de las autoridades locales ha sido descartada, según la magistrada.
* Resumen supervisado por periodistas.
La jueza de Catarroja, titular del Juzgado de Instrucción número 3, y encargada de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA que arrasó la vida de 228 personas, ha vuelto a señalar como responsable a la Generalitat; alejando el foco de los alcaldes de las zonas afectadas. Es más, sostiene que esos ayuntamientos, así como sus ciudadanos, "se vieron sorprendidos" por el agua y no recibieron "la información precisa".
Cinco autos y una providencia firmados y notificados. Este es el resultado de este viernes, en el que la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar como testigo, para tomar declaración, al alcalde de Utiel, al de Algemesí, al jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana y a tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Un punto clave, pues la jueza llama a estos alcaldes de las zonas afectadas como testigos. Inadmite el ejercicio de la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, o lo que es lo mismo, deniega su imputación, tal y como se pedía en una denuncia impuesta por las hijas de una de las fallecidas en la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. Las familiares denunciantes consideran que no se evacuó a la víctima de su domicilio, que se encontraba a 125 metros del instituto de Secundaria, edificio que sí fue cerrado en la mañana del día fatídico. Por ello, creen que su representante municipal no avisó con tiempo a sus vecinos pese a que en Utiel llovía "a cántaros".
Sin embargo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha recordado este viernes que el procedimiento "se centra en el aviso tardío a la población, pese a la existencia de información suficiente por quienes en el ámbito autonómico poseían la competencia en materia de protección civil". Así, según su instrucción, considera que existe una “diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección”.
Argumenta la jueza que "existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población, la adopción de medidas de autoprotección". "Dicha diferencia radica en el manejo de información, y el presumible, aunque desgraciadamente inexistente, conocimiento de las medidas a adoptar ante una situación de emergencia como elemento que permitiría tomar dichas medidas".
Y añade que el "análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración Autonómica, impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes". Es más, en dichos procedimientos se lee como los alcaldes "se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa, ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar".
En el lado opuesto de la balanza, la Generalitat, "que contaban con múltiples canales de información". Y destaca que no solo llegaban datos desde la AEMET; sino también desde los medios de comunicación, de la CHJ, por las llamadas al 112, la disposición de medios personales que debían controlar los barrancos y los cauces, la posibilidad de ser asistidos por técnicos en emergencias en una reunión del CECOPI.
En el mismo sentido, abunda la magistrada en que "la atribución indiscriminada de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las locales ha de descartarse de plano".
También citados como testigos
También recibirá en el juzgado como testigo al alcalde de Algemesí y a tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como había solicitado en un escrito una acusación popular, que también ejerce la particular en nombre de una perjudicada.
Por otro lado, en otro auto, deniega diversas diligencias de investigación solicitadas por otra acusación popular, a excepción de citar como testigo al jefe de Climatología de la AEMET en la Comunitat Valenciana.