El juez Peinado pide al Supremo imputar a Bolaños por la contratación de la secretaria de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar también al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de la secretaria de la esposa de Pedro Sánchez, al apreciar indicios de malversación y falso testimonio contra él.

Peinado, que abrió hace meses una pieza separada sobre la contratación de esa asesora, Cristina Álvarez, ahora eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción podría corresponder al alto tribunal, pues cree que podría existir responsabilidad penal de un miembro del Gobierno y, por tanto, aforado, en "íntima conexión" con otras personas no aforadas.

Concretamente, el juez concluye que Álvarez fue nombrada como personal eventual, con funciones de Directora de Programas, para asistir a la mujer del Sánchez y que realizó "funciones de atención" a Begoña Gómez "de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del Presidente del Gobierno, todo ello, percibiendo retribuciones con cargo al Patrimonio Público".

Cree Peinado que Bolaños, que declaró como testigoel pasado mes de abril, "no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio, prestado bajo juramento". Así, concluye indiciariamente que pudo cometer un delito de malversación de fondos públicos y un delito de falso testimonio en causa judicial. El juez señala que no puede llevar a cabo ninguna otra diligencia con respecto a Bolaños al estar este aforado, pero considera que es necesario tomarle declaración como investigado y así lo solicita al Supremo.

Los antecedentes: la declaración de Bolaños

El juez Peinado lleva más de un año instruyendo una errática investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, en la que ha seguido diversas vías, desde el rescate a Air Europa -que se ha visto obligado a abandonar- a los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés o el software de la Universidad Complutense.

El pasado mes de marzo, abrió una pieza separada por posible malversación en la contratación de Álvarez como asesora de Gómez y, en el marco de esa pieza, el 16 de abril tomó declaración a Bolaños en calidad de testigo en el Palacio de La Moncloa. El ministro declaró entonces que "es normal" que la mujer del presidente, "como siempre ha ocurrido, tenga asistente de libre designación".

Aquel interrogatorio fue muy tenso, tal y como da cuenta el audio al que por esas fechas tuvo acceso laSexta: en él, el juez empleó unas formas poco habituales para dirigirse a un testigo. Lo hizo, además, tras imponer condiciones también sorprendentes, como cambiar la distribución de la sala o pedir una tarima para estar más alto que el ministro.

Peinado incluso elevó en varias ocasiones el tono de voz y amenazó con salir de la sala y suspender el acto. Llegó a acusar a Bolaños de contestar con evasivas o a reprocharle que sonriera, ante lo que el ministro apuntó que le estaba resultando "muy sorprendente" el interrogatorio. Y todo ello, a pesar de que comparecía como testigo y no como investigado, condición que ahora quiere darle el juez, al punto de otorgársela ya en su auto sin esperar al Supremo, a pesar de que no puede hacerlo por su condición de aforado.

Los argumentos de Peinado

En ese auto, al que ha tenido acceso esta cadena, Peinado sostiene que el "ahora investigado" -condición que no puede darle aún- mintió en su declaración como testigo. Dice que, cuando le preguntó quién propuso el nombramiento de Álvarez, Bolaños dijo en un primer momento que no lo sabía y, tras un receso para que recabara información al respecto, dijo que había sido Raúl Díaz. Este, sin embargo, lo negó en su propia declaración como testigo y el juez opta por creerle a él. Así, concluye que la declaración de Bolaños fue "incierta" y le atribuye un delito de falso testimonio.

En cuanto a la malversación, la justifica aduciendo que Álvarez realizaba labores que "no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno, en su condición de tal, y meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico", sino que atendía sus necesidades "en actividades de carácter privado".

Argumenta además que Bolaños tenía bajo su responsabilidad la correcta administración del patrimonio público, por lo que debe tener la condición de investigado en un hipotético delito de malversación. El juez sostiene que el ministro de Justicia "ha podido participar, directamente en el nombramiento" de Cristina Álvarez y "ha conocido o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma".

También le acusa de omitir "con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía", en su declaración como testigo. Además, le atribuye actitud "proterva" -término que, según el diccionario, significa "obstinada en la maldad"- durante su testifical y denuncia lo que califica como un "oxímoron": que el ministro de Justicia ofreciera un testimonio que considera falso.

Así las cosas, el Peinado pide tomarle declaración como investigado y requerirle que aporte documentación relativa a la contratación de la asesora. A su vez, envía toda esta pieza separada al Supremo, donde también esta imputado el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Él, por el momento, se queda con la investigación principal contra la mujer del presidente del Gobierno, a quien, por cierto, 'mata' en su auto, en el que alude, erróneamente, al "tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez".

¿Y ahora qué?

Según fuentes del Supremo, la resolución de la exposición razonada del juez Peinado contra Bolaños puede resolverse en dos meses. Teniendo en cuenta que agosto es un inhábil, estaríamos hablando de septiembre u octubre. La Sala de admisión ahora mismo está formada por el presidente en funciones de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Ángel Hurtado -que ha investigado al fiscal general del Estado- y Leopoldo Puente -que investiga la trama Koldo-.

Por el momento, desde el Gobierno ya han tachado de "disparate" la decisión de Peinado. No obstante, fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta dicen que están tranquilos porque en todo momento el ministro ha actuado de forma "impecable" y que en este caso va a ocurrir como en la causa contra el fiscal general. Al final, dicen, "se sabrá toda la verdad".