Caso Begoña Gómez
El juez Peinado acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera
Los detalles El magistrado ha vuelto a acumular las dos piezas separadas que tenía abiertas contra Begoña Gómez en una sola, como le ordenó la Audiencia de Madrid.
Resumen IA supervisado
El juez Peinado ha acusado a Begoña Gómez de utilizar su "posición institucional" para favorecer intereses privados, aprovechando su cercanía al presidente del Gobierno para impulsar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid. Peinado propone enviar el caso a un jurado popular, citando a las partes implicadas para el 1 de abril, aunque solo se requiere la presencia de sus defensas. La investigación incluye delitos como tráfico de influencias y corrupción, y se ha acumulado en una pieza separada por un posible delito de malversación de fondos públicos. La Audiencia Provincial de Madrid había frenado previamente esta decisión, al no encontrar indicios de criminalidad suficientes. Además, Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, habría intervenido en actividades ajenas a sus funciones, apoyando a Gómez.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez Peinado ha acusado a Begoña Gómez de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera, señalando que la utilizó para "favorecer intereses estrictamente privados".
"Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", ha señalado en el auto al que ha tenido acceso laSexta.
El magistrado ha insistido en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio. Además, le a citado tanto a ella como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril para comunicarles este trámite. Sin embargo, basta con que vayan sus defensas.
En un auto, el juez, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, ha vuelto a acumular las dos piezas separadas que tenía abiertas contra Begoña Gómez en una sola, como le ordenó la Audiencia de Madrid.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión.
En aquel momento, los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.
Peinado ha señalado que la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra, al mismo tiempo que sociedades de su grupo "resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas" por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y "ventajas de empresas con intereses o vínculos en el sector público".
Unos hechos que ha destacado que presentan rasgos susceptibles de integración en "los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios".
Además, ha explicado que las actuaciones practicadas también permiten apreciar que Cristina Álvarez, personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, habría "intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto", actuando "como apoyo operativo" de la mujer de Pedo Sánchez "en actos, reuniones, correos, convenios, patrocinios, gestiones empresariales, cuestiones económicas y actuaciones universitarias vinculadas a la cátedra y al software, con utilización de tiempo, medios y posición institucional pública en favor de intereses estrictamente privados o particulares".
De esta forma, ha apuntado que "este bloque fáctico, unido a la afectación de recursos personales y materiales de la Universidad Complutense de Madrid y de la propia Presidencia del Gobierno, presenta elementos susceptibles de subsunción en el delito de malversación, en cuanto revela una posible desviación de recursos públicos para fines distintos de aquellos a los que estaban legalmente destinados".
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