El juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, estudiará la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si se aprueba una ley de amnistía que piden los independentistas catalanes para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Con ello, Llarena busca evitar que dicha ley le obligue a archivar la causa del procés contra el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas fugados de la Justicia.
En el caso del Constitucional, el magistrado se plantea presentar una cuestión de inconstitucionalidad que tendría que ser estudiada por el Pleno junto a los recursos de inconstitucionalidad que pudieran presentar 50 diputados, por ejemplo, del Grupo Popular. La iniciativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consistiría en la elevación de una cuestión prejudicial similar a la que el magistrado que instruye la causa del procéspresentó en relación con la vigencia de las euroórdenes.
El movimiento del magistrado viene después de que Puigdemont pusiera este martes como condición una ley de amnistía para iniciar las negociaciones de investidura del próximo Gobierno. Un escenario que el PSOE "no están todavía", según la portavoz del partido, Pilar Alegría, que ha subrayado que trabajarán "con diálogo" y "dentro del marco constitucional". Sin embargo, su socio Sumar ya está trabajando con expertos para buscar el mejor encaje constitucional para una futura ley de amnistía.
Llarena, eso sí, no resolverá la petición de la Fiscalía que solicita reactivar la orden internacionalde busca y captura de Puigdemont y Antoni Comín hasta que no se pronuncie el TJUE sobre la suspensión cautelar que podría pedir su defensa contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que levantó la inmunidad del expresident para ser investigado en España por el procés. Eso, previsiblemente, no ocurrirá hasta el mes de noviembre, es decir, cuando ya esté resuelta la investidura o la celebración de nuevas elecciones.
El magistrado no solicitó reactivar la orden internacional porque cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedaría inmediatamente paralizada si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento.