Begoña Gómez afronta una nueva cita con el juez Peinado tras su decisión de llevarla ante un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha citado para las 17:30 horas de este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.

Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.

La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación --relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez,-- sería juzgada por un jurado popular.

En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".

De cara a este lunes, Peinado ha señalado que tanto Gómez como Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés --a los que también ha abocado a un juicio por tribunal del jurado-- deben "comparecer necesariamente" asistidos de sus respectivos letrados.

Sin embargo, fuentes de la defensa consultadas por Europa Press sostienen que la de este lunes es una comparecencia como la del 27 de septiembre, por lo que lo más probable es que Gómez tampoco acuda.

Igualmente, se espera que las defensas pidan el archivo y que las acusaciones populares --que dirige Hazte Oír-- reclamen nuevas diligencias. A este respecto, fuentes jurídicas indican que Iustitia Europa plantea pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lo que Peinado tendría que dirigir exposición razonada al Tribunal Supremo (TS). En la comparecencia anterior, ya pidieron su testifical.

Y ello después de que Peinado razonara que "las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias" y los demás.

La evolución del caso

El juez abrió la pieza principal en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Por estos hechos, imputó a Gómez corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.

Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.

En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Peinado investigara a Gómez por los hechos que se circunscriben a los contratos adjudicados a Barrabés que se encuentran bajo sospecha --aquellos que no fueron sufragados con fondos europeos y que no están siendo investigados en la Fiscalía Europea--, así como los hechos relativos a la cátedra.

El órgano consideró "llamativa" y "verdaderamente significativa" la "variación, cuantitativa y cualitativa", que experimentó "la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los masters".

Así las cosas, dio su visto bueno a que Peinado siguiera investigando "otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados".

Con todo, el pasado enero la Audiencia de Madrid declaró la nulidad del registro que se practicó en agosto de 2024 en el domicilio y las oficinas de Barrabés al considerar que Peinado no fundamentó adecuadamente la orden de entrada y registro.

Ahora, la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa están a la espera de que la Audiencia de Madrid conteste a los recursos que presentaron contra la formación de la pieza separada relativa a la malversación, así como contra la imputación por malversación y la decisión de juzgar dicho delito con un jurado popular.

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