Las posibles irregularidades en la financiación del Partido Popular, sacadas a la luz por el extesoreroLuis Bárcenas, han puesto a los principales dirigentes de la formación contra las cuerdas. Una de las principales protagonistas en la gestión del caso ha sido la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal.
A lo largo de los últimos meses, Cospedal ha intentado dar la cara para explicar a la opinón pública, a través de los medios de comunicación, cuál era la realidad del partido. En un intento de aparentar normalidad, en una rueda de prensa, explicó cómo había finalizado Bárcenas su relación contractual con el Partido Popular. Aquel momento pasará a la historia.
Nerviosa, a finales de febrero la presidenta de Castilla-La Mancha aseguró que el partido pactó con Bárcenas una "indemnización en diferido" mediante un acuerdo "entre las partes", una fórmula que los servicios jurídicos entendieron entonces como "válida" aunque, admitió, "hoy seguramente se habría visto distinto".
Al respecto, aseguró que el Partido Popular no aceptaba chantajes y dejó claro que estaban "muy tranquilos", sin embargo, lo cierto es que Cospedal se sienta ahora ante el juez Ruz para dar detalles sobre cómo se realizaban las donaciones al partido por parte de empresarios y cuál fue la relación laboral de Bárcenas.