Esta financiación opaca
fue denunciada por varias de las personas que comparecieron ante la Comisión de
Calidad Democrática del Congreso, en el marco de la subcomisión que se creó el
pasado mes de febrero para proponer medidas destinadas a mejorar la regulación
sobre la financiación de los partidos políticos.
Uno de los que puso
sobre la mesa este problema fue el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Alvarez de Miranda, quien reclamó una reforma legal que dé más poder a este
órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones y que se apliquen a éstas
los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de
donaciones.
Álvarez de Miranda
explicó que, si bien "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir
gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden
hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la
secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían
recibir fondos que no pueden obtener directamente".
Una vez finalizadas la
ronda de comparecencias, los grupos parlamentarios han empezado ya a debatir el
informe de conclusiones de la subcomisión que deberán elevar al Pleno del
Congreso para su aprobación definitiva.
Durante las primeras
reuniones, según han informado fuentes parlamentarias, se ha
producido un primer debate sobre la conveniencia de asimilar el régimen de
financiación de los partidos a los de las fundaciones a ellos vinculadas.
La Ley de Financiación
de Partidos establece que estas entidades se sometan a la auditoría del
Tribunal de Cuentas, pero éste sólo fiscaliza la regularidad de las
aportaciones públicas que reciben y los gastos financiados con subvenciones. La
norma también fija las reglas relativas a su financiación y aunque hay algunos
similares para fundaciones y partidos, también existen algunas diferencias
sustanciales.
Así, mientras los
partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de
50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones
pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno.
Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.
Los expertos que comparecieron
en el Congreso pusieron de manifiesto que las fundaciones pueden recabar
aportaciones económicas de las formaciones políticas, trasvasarles fondos o
satisfacer gastos directos de su funcionamiento ordinario.
Las propuestas de los
expertos en esta materia se han plasmado en el borrador de conclusiones que ha
sido redactado por los letrados de la subcomisión y sobre el que trabajan los
grupos para buscar acuerdos. En ese documento se apuesta por dar a las
fundaciones el mismo tratamiento que a los partidos, una propuesta que
únicamente ha contestado abiertamente el PNV.
Y es que los
nacionalistas vascos sostienen que un partido constitucionalmente no cumple los
mismas funciones que una fundación y rechaza aplicarles el mismo baremo. No
obstante, consciente de que el principal problema radica en el posible desvío
de fondos, ha propuesto regular las aportaciones que estos entes vinculados
pueden realizar a los partidos políticos, lo que el resto de grupos no ve con
malos ojos.
De momento, los grupos
han dejado aparcado el debate sobre el resto de aspectos relativos a una
posible modificación de la regulación sobre las fundaciones políticas pero la
sugerencia del PNV se contempla ya como una posible alternativa en el caso de
que no se alcanzara un acuerdo para asimilar los regímenes de financiación de
partidos y fundaciones.