Los casos de niñas tuteladas por administraciones públicas que han sido prostituidas en la Comunidad de Madrid, Baleares y la Comunitat Valencianahan creado conmoción en la sociedad.

Así lo ha expresado Pablo Casado, que se ha mostrado muy preocupado, pero sólo por las víctimas de Baleares y Valencia. De los casos de Madrid, comunidad gobernada por el PP de Díaz Ayuso, ni se acuerda.

"Espero que haya responsabilidades por los casos terribles de abusos a niñas menores tuteladas por el departamento de Mónica Oltra, igual que en Baleares. Ojalá Sánchez nos deje investigar en Europa porque lo está dificultando y es un escándalo brutal", ha dicho en una entrevista en la que ni ha mencionado los terribles casos de Madrid.

Precisamente, la presidenta madrileña ha insistido en que la denuncia del caso de las niñas prostituidas y drogadas partió de la Comunidad de Madrid, perosegún se desprende de las diligencias, a las que ha accedido laSexta, la Policía llevaba cuatro meses siguiendo la pista de esta red.

De hecho, la investigación comenzó el 15 de abril gracias a la información aportada por una ciudadana que alertó sobre "la situación de una menor de 13 años" que se encontraba "ejerciendo la prostitución con la anuencia de su padre".

Solo entonces, después de investigar, la Policía descubrió que la niña estaba en un centro de menores, tal y como apuntan las diligencias. Dos meses después de iniciar la investigación, la Policía tomó declaración de uno los educadores del centro de menores. "Se procedió a tomar declaración al educador de la residencia infantil donde se encontraba la menor (...) informando cómo (...) se fugaba habitualmente del centro, y cuando regresaba, lo hacía en unas condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de 'yonki'", señala el auto.

La residencia confirmó a la Policía que sabían que consumía droga, que tenía sarna y que practicaba sexo de riesgo. Fue entonces, el 1 de septiembre, cuando un centro de la Comunidad de Madrid puso la primera denuncia sobre el caso. Y lo hizo porque así lo recomendaron los agentes: "Se decidió al objeto de iniciar los trámites de protocolo de delitos sexuales, la necesidad de que al menos desde el propio centro de menores se interpusiera denuncia, motivo por el que finalmente se interpuso".

Es decir, la Comunidad de Madrid denunció por primera vez cuatro meses después de que la Policía Nacional iniciara la investigación.