En España hay cerca de 50.000 menores protegidos por las administraciones. La mitad vive con sus familias pero tienen algún tipo de protección, y la otra mitad reside en centros de acogida. Las menores de Madrid no son las únicas que han sufrido abusos mientras el sistema público las debería haber protegido. El caso más llamativo de los últimos años fue el de Baleares, tal y como ha analizado en laSexta Clave el periodista Joaquín Castellón.
Para analizar este drama, nos trasladamos a la Nochebuena de 2019. En un conocido barrio de Palma, una menor de 13 años fue salvajemente violada por seis jóvenes, también menores. Fue ella misma la que pidió ayuda, mandando mensajes a la psicóloga del centro tutelado en el que se encontraba. "Estoy metida en un lío, me han intentado prostituir", son algunos de los mensajes que envió la víctima.
La menor denunció y fueron detenidas siete personas, los seis menores y otra menor, que fue la que ejerció de intermediaria, la que gestionó la violación. De este caso partió una investigación con unas consecuencias muy concretas: el Institut Mallorquí d'Afers Socials llevó a Fiscalía que 16 menores habían sido explotadas sexualmente. La Fiscalía investigó y concluyó que no había una red, sino diferentes casos aislados.
No obstante, el verano pasado se pudo saber que hubo 17 detenidos por abusos, y de ellos, tres eran menores encargados de esos abusos. Los otros 14 eran hombres y mujeres que presuntamente pagaban por esos abusos sexuales a menores tutelados. Esto ocurrió en Baleares, pero el otro lugar donde ahora mismo está puesto el foco es la Comunidad Valenciana. Allí, un informe del Síndic de Greuyes asegura que 175 menores tutelados por la administración habrían sufrido algún tipo de abuso.
En este caso, de esos 175 menores, 127 eran mujeres. Es uno de los datos extremecedores de ese estudio, pero no el único, pues entre esas 175 víctimas había siete menores de tres años, 18 de cuatro a seis años, 45 de siete a 12 y 105 de 13 a 17 años. Estas víctimas sufrían abusos en el domicilio familiar (74 casos), en centros de acogida (17), en el domicilio de la persona agresora (15) y en plena calle (otros 15). Ese informe también habla del perfil de los abusadores: 48 eran menores de edad y 101 mayores.
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Por todos estos datos, la vicepresidenta Mónica Oltra ha pedido comparecer en Les Corts. La razón: uno de esos casos involucra a su exmarido, educador de uno de esos centros. Ha sido condenado a cinco años por abusos continuados a una niña de 15 años en el propio centro por las noches, hechos que sucedieron entre 2016 y 2017, cuando Oltra ya estaba dirigiendo la Conselleria. Ya estaban separados.
¿Qué estaba pasando?
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En 1994, el exdirector de la Guardia Civil se convirtió en el fugitivo más buscado de España, acusado de malversación y fraude, desatando una crisis política sin precedentes tras su fuga y la posterior detención en 1995.