La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en una entrevista a Telecinco haber gestionado las residencias durante la pandemia. Al ser preguntada por las diferencias entre la coalición de gobierno del Ayuntamiento y la que ella misma gestiona en la comunidad, la presidenta ha destacado que "las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas": "He tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias y hemos tenido que gestionar los impuestos de la comunidad entera...", ha apuntado la presidenta.

Ayuso, que hasta ahora había alegado que los centros sociosanitarios eran competencia del vicepresidente Iglesias, ha afirmado por primera vez que realmente fue su gobierno el que gestionó las residencias y, al ser preguntada de nuevo por sus recientes declaraciones, ha intentado recular: "A ver, ya estamos con lo mismo", ha espetado Ayuso antes de afirmar que "durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las residencias". "Es algo de lo que aún no he hablado", ha reconocido.

Múltiples versiones

En las residencias madrileñas han fallecido más de 6.000 ancianos desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, la presidenta madrileña ha recalcado en numerosas ocasiones que no hubo ningún protocolo por parte de la Comunidad que prohibiera el traslado de enfermos a los hospitales por criterios de edad o esperanza de vida.

Tanto Ayuso como el consejero de Sanidad de la región, Ruiz Escudero, han defendido férreamente que no se prohibió en ningún momento el traslado de ancianos a los hospitales sino que eran los "criterios, siempre geriátricos y sanitarios", los que "decidían o no si se quedaban en la residencia o iban a un hospital donde no podían ser atendidos por la tensión".

Pero incluso entre ambos ha habido discrepancias. En un primer momento la presidenta de la Comunidad de Madrid negó que hubiera ningún protocolo que así lo indicara, y de hecho afirmó que habían sido borradores que jamás se llegaron a enviar a las residencias. Sin embargo, el propio Escudero llegó a afirmar que se enviaron a los centros "por error".

Vídeo de las directrices

Lejos de parecer un protocolo erróneo, un vídeo grabado en el Hospital Infanta Cristina de Parla, en Madrid, muestra a un médico dando directrices de la Comunidad al resto de sanitarios. En el vídeo se desprende que las órdenes eran claras: negar el tratamiento a los ancianos de las residencias con COVID-19.

En la grabación se puede observar al médico internista explicando a los sanitarios cómo prepararse para hacer frente a la pandemia en un hospital de Madrid: "Si la curva no se aplana en los próximos días puede que lleguemos a limitar tratamientos solo a los pacientes recuperables. No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias".

En este taller (con diapositivas incluidas) también se habla de que "las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y no del hospital" y "se deberán asignar por años de vida recuperables y no por gravedad". "Se van a asignar al paciente que más se beneficie de ello. Esto es drástico, horroroso y ojalá no nos hubiera tocado vivirlo", admite el sanitario.

Algo que la presidenta ha negado, que ha definido el vídeo como "un bulo". Ya con anterioridad acusó de "politizar el dolor" a la oposición por reclamar la creación de una Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias madrileñas.

"Si quieren usar su fuerza parlamentaria para imponernos algún tipo de comisión háganlo ustedes", recriminaba entonces al portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Tito Morano, que sostenía que existen tres versiones de un borrador en el que se restringía la derivación de ancianos de residencias.

Críticas de la oposición

El propio líder de Podemos y vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, aquejó al PP que tuvieran "la poca vergüenza" de culpar al Gobierno de lo ocurrido en las residencias madrileñas, y recordó que el propio Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad reconoció como "inmoral y hasta ilegal" la prohibición del propio Gobierno al que pertenece, el presidido por Ayuso, en la Comunidad de Madrid.

Así, el vicepresidente acudió a escritos que la Comunidad de Madrid otorgó a un hospital madrileño y al propio decreto del Gobierno para afirmar que dicha prohibición existió y que la responsabilidad de los centros sociosanitarios era de cada comunidad autónoma.