El PP amaga con plantar a Sánchez e ir al Supremo si no se acepta su orden del día y Moncloa lo tacha de estrategia en vistas al 8J

Un eventual plantón del Partido Popular (PP) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes sigue sin descartarse a falta de un orden del día. Ya en los últimos días distintos barones 'populares' apuntaban a esta posibilidad subrayando que ese esquinazo no sería al rey Felipe VI, quien también acude a estas convocatorias. Ahora, se ha conocido la carta que 13 regiones -de las 19- han remitido al Ejecutivo exigiendo la inclusión de ocho asuntos concretos. De no aceptar Moncloa, no irán a Barcelona, pero sí a los tribunales.

En una misiva dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los presidentes de Galicia, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla -todos dirigidas por 'populares'- instan a Moncloa a que "reconsideren su postura" después de que la primera reunión preparatoria del encuentro terminase sin acuerdo.

Las exigencias del PP

En concreto, exigen que en la Conferencia de Presidentes se debata "la financiación autonómica" para la "inmediata actualización de las entregas a cuenta y retirada de la "condonación de la deuda"; así como "el caos ferroviario" para abordar "inversiones en infraestructuras críticas (...) y asegurar el transporte público y las comunicaciones".

También piden hablar de un "nuevo plan energético" en busca de "más seguridad e inversiones técnicas (...) para evitar un nuevo apagón"; sobre el "acceso a la vivienda" en el marco de "la lucha contra la ocupación y la inquiocupación"; además del "control de fronteras y política migratoria" que subrayan es "competencia exclusiva del Estado".

A estas cuestiones se suman otras que no de menor importancia, sí que han suscitado menos choques entre Gobierno y oposición. Se trata del "déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia"; la "financiación del primer ciclo de educación infantil"; o "los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal" cuya retirada exigen.

Amenazas políticas... y judiciales

De esta manera, "si el Gobierno de España convoca la Conferencia de Presidentes ignorando esta petición" desde el PP aseguran que se entenderá como "una convocatoria ilegal". Por eso, de no modificarse ese orden del día, más allá del plantón, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo acudirá al Tribunal Supremo a pedir "medidas cautelarísimas".

En ese sentido, se valen del artículo 5.2.C del Reglamento de la Conferencia de Presidentes en el que, recuerdan, se establece que "se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes" de la regiones. Con la mayoría de comunidades dirigidas por barones 'populares' parece que Moncloa tendrá que aceptar la propuesta en términos legales, aunque también "en coherencia con los principios de lealtad institucional y colaboración mutua", recuerdan.

Para Moncloa, una "estrategia de cara" al 8J

Si bien desde Moncloa aseguran a laSexta que su voluntad es la de incluir todos estos puntos, recuerdan que algunos de estos asuntos no son de competencia autonómica, por lo que carecería de sentido abordarlo en este encuentro. Incluso, van más allá al considerar que el PP "está subiendo la apuesta para terminar reventando la reunión".

De hecho, indican que estos movimientos corresponden a una estrategia para movilizar a los suyos de cara a la manifestación de este próximo domingo 8 de junio (8J). Precisamente, cuando este lunes las amenazas de plantón iban cogiendo más forma, algunas fuentes 'populares' apuntaban a laSexta que sería raro reunirse con el 'capo' -así se refieren al presidente del Gobierno desde Génova por su presunta implicación en corruptelas- y 48 horas después manifestarse contra él al grito de "Democracia o mafia".

El aval de Génova

Ante las amenazas de plantón, la prensa cuestionó este lunes al vicesecretario Borja Sémper su valoración sobre ello. Sin dudar, mostró su total permiso a sus barones de hacerlo o no. "Nos parecerá bien la decisión que tomen los presidentes de comunidades autónomas en respuesta a esta ignominia", subrayó el también portavoz nacional.

En ese sentido, instó a esperar y no descartar "ninguna posibilidad" destacando que lo primero es que el Ejecutivo, "como es natural", cumpla el Reglamento, y así no vuelva a "pasarse por el arco del triunfo" las normas. Así, subrayaba el "esfuerzo institucional de primer nivel" de las regiones que dirigen están haciendo para que "las cosas vayan por los cauces razonables".

Palabras similares a las esgrimidas minutos antes por el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, quien añadía que el PP no quiere "monólogos", sino diálogos. Eso sí, él mismo días antes explicaba que "si (...) solo se busca una foto para tapar los casos de corrupción y las vergüenzas que están afectando a Pedro Sánchez, su familia y al PSOE, ahí no va a encontrar nunca a la Comunidad".

Ayuso y Buruaga

De hecho fue su presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, la que más amenazó con plantar a Sánchez en la anterior Conferencia de Presidentes en base a los mismos argumentos. Finalmente, Ayuso sí que acudió a la capital cántabra, aunque no lo hizo a una reunión con el presidente en Moncloa en el marco de una ronda de contactos con dirigentes autonómicos. En esta ocasión, criticó que días antes Sánchez le había difamado a raíz de las informaciones judiciales que en aquel momento salían de la pareja de la 'popular'.

Algo que si bien no gustó demasiado a su presidente, no eximió de que se mostrara compresivo con su baronesa. Ahora, los presidentes autonómicos del PP sí que cuentan con el beneplácito público de Génova si deciden no ir, pero no a todos les parece una buena idea el plantón. Sin ir más lejos, el pasado viernes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, defendió por mucho que no les "guste" el orden del día impuesto por el Gobierno o que la cumbre vaya a ser "inútil", los presidentes autonómicos deben "cumplir con normalidad" con sus "obligaciones institucionales".