Sindicatos y patronal han rechazado la propuesta del Gobierno para incluir el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que tan bien han funcionado a la hora de proteger el empleo durante la crisis derivada del COVID-19, como estructural en la reforma laboral. El documento, que se ha debatido en la Mesa del Diálogo Social con sindicatos y patronal, contempla la creación de dos nuevas variedades de ERTE a las que tendrá que dar el visto bueno tanto el Ministerio de Asuntos Económicos como el Consejo de Ministros en bloque.
Según el documento, al que ha tenido acceso esta cadena, se contemplan tres modalidades de ERTE. Por un lado, el de fuerza mayor, que funcionará como hasta ahora. El Gobierno contempla como fuerza mayor temporal "cuando ésta derive de acontecimientos catastróficos naturales, imprevisibles o que habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundaciones, nevadas, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar, siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, impidiendo la actividad laboral para las personas trabajadoras afectadas".
La reforma de la ley también contempla que los ERTE se puedan activar en el supuesto de una pandemia: es decir, cuando existan "limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad gubernativa competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública, cuando una disposición legal lo autorice".
La propuesta ha sido diseñada por los tres principales ministerios implicados -Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social- y establece también el llamado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que cuenta con dos modalidades, ambas a ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Por un lado, el RED de causas estructurales, pensado para la reestructuración dentro de determinados sectores económicos y que están enfocados en la recualificación de los trabajadores.
El segundo es una respuesta a las crisis económicas: el documento lo define como un mecanismo "por causas cíclicas" que se activará discrecionalmente por el Gobierno cuando la situación económica "aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización".
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que su organización no está "en posición de darle el visto bueno" al documento. En una entrevista en Onda Cero, el líder de la patronal ha afirmado que ha recibido un "documento bastante farragoso" y tacha la propuesta de intervencionista. "Puede ser bienintencionado, pero hay gente en el Gobierno con mucho interés en que esto sea terriblemente restrictivo", ha criticado.
Sindicatos y patronal se han opuesto al mismo, manifestando su malestar por la filtración del documento de trabajo.
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