El juez José Castro no deja lugar a dudas. "Pocas, o más bien, ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada como la de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia". La defensa de doña Cristina ya ha anunciado que sí recurrirá se acepte o no.

La infanta Cristina se enfrenta a ocho años de prisión por dos delitos fiscales. Y a pesar de que ni el fiscal ni Hacienda lo han pedido, de momento acaba así la historia de una imputación que empezó hace ahora cuatro años.  Desde Washington recibían la noticia. El juez decide investigar al Instituto Nóos, en concreto la supuesta malversación de fondos públicos por parte de Íñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.

La infanta Cristina forma parte de la junta de Nóos y es coopropietaria junto con su marido de la compañía Aizoon. Una empresa que al parecer servía, entre otras muchas cosas, para crear facturas falsas y pagar gastos personales: libros, clases de salsa, viajes, comidas o gasolina.

También en el punto de mira, el palacete de Pedralbes. Costó seis millones de euros y se gastaron tres en reformarlo. Nueve millones en total para una pareja de propietarios que declaraba ganar al año un máximo de 200.000 euros. En abril de 2013 llega la primera imputación de la infanta Cristina. Imputada y, después, desimputada; es una continua lucha entre juez y fiscal.

Mientras, Cristina de Borbón ya había hecho las maletas. Trabaja en Ginebra, allí se refugia con toda su familia. Pero se ve obligada a volver para protagonizar una imagen histórica: la hija del rey declara ante el juez.  Los abogados de doña Cristina hablan de amor. Amor o no, es un asunto que ha sentado a Cristina de Borbón en el banquillo y podría llevarle a prisión con una fianza de 2,6 millones de euros.