El PP ha apoyado este miércoles en Europa imponer un impuesto a las eléctricas por sus beneficios extraordinarios. La misma medida por la que hace 24 horas los populares votaron 'no' a debatir sobre ella en las cortes españolas.

El argumento es que lo que quiere aprobar la Comisión y lo que quiere aprobar el Gobierno de coalición "son cosas muy distintas". Pero, ¿son realmente diferentes la propuesta de Von der Leyen y la del Gobierno de Sánchez?

Lo cierto es que son muy similares, si bien hay algún matiz. Tanto la Comisión como el Gobierno español quieren poner un límite a los beneficios desorbitados que están teniendo las energéticas por el alza de los precios de la energía por la guerra de Ucrania.

Sánchez prefiere la palabra "impuesto" y Von Der Layen la expresión "tope de beneficios" pero la idea es la misma: coger parte de ese dinero extra que están ingresando y dárselo a los más vulnerables.

El PP se ha mostrado a favor de quitarles a las energéticas parte de esos beneficios extraordinarios siempre que se haga en toda la Unión, y no cada Estado.

El matiz está en sobre qué se pone exactamente la tasa a las energéticas. El Gobierno de Sánchez quiere hacerlo sobre la cifra total de negocio, sobre las ganancias; mientras la Comisión habla de intervenir sobre "los beneficios extraordinarios" y el PP ahora dice que está de acuerdo pero condiciona su apoyo a que el dinero que pierdan las energéticas no pase por el Estado y llegue directamente a los consumidores.

Ese es el otro matiz que alegan los populares, que aseguran que en el Plan de la Comisión el dinero llega directamente a los consumidores pero eso, ni lo ha dicho Von Der Layen ni está en ningún documento.

La Comisión Europea en su página web dice que son los gobiernos de los Estados miembros quienes tienen que gestionar los ingresos recaudados para ayudar a los consumidores a reducir sus facturas. En España el dinero recaudado a través de ese impuesto va al Estado y con él financia las ayudas y medidas que ya se están aplicando, además de la rebaja directa a la factura de los consumidores a través de la rebaja del IVA del gas o la luz.

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