Fiscalía Europea
Imputan a cinco personas por desviar 2,4 millones de fondos europeos destinados a atender a menores migrantes en Canarias
Los detalles La investigación dio comienzo en 2022 después de un informe de un organismo dependiente del Banco de España. En él se advertía de operaciones bancarias extrañas de los responsables de varios centros de acogida de migrantes.
Resumen IA supervisado
La Fiscalía Europea ha imputado a cuatro directores de centros de menores migrantes en Gran Canaria y Lanzarote, y a un empresario, por un presunto delito de blanqueo de capitales entre 2018 y 2023. Se desviaron cerca de 2,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation, destinados a la acogida de menores, para uso personal e inflar contratos de inmuebles. La investigación, iniciada en 2022 tras un informe del Banco de España sobre operaciones financieras sospechosas, reveló extracciones en efectivo y transferencias a cuentas privadas. Además, se detectó un esquema de alquileres inflados y facturación duplicada. La fundación implicada recibió 12 millones de euros, pero no todos se destinaron a su propósito original.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Fiscalía Europea ha imputado a cuatro directores de centros de menores migrantes en Gran Canaria y Lanzarote y a un empresario acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales entre los años 2018 y 2023. En ese tiempo, habrían desviado casi 2,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation que deberían haberse destinado a la acogida de niños y niñas y los habrían usado para su bienestar personal o inflar contratos de inmuebles.
La Policía Nacional ha informado de que la investigación, iniciada en 2022, ha concluido. El origen de las pesquisas fue un informe de un organismo dependiente del Banco de España que advertía de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores migrantes.
El caso se presentó ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que se encargó de abrir diligencias y de dar comienzo a la investigación. La instrucción, ahora en manos de la Fiscalía Europea, quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Gran Canaria.
La investigación ha revelado que del dinero que ingresó la fundación se extrajeron más de 1,1 millones en efectivo, y se detectaron además transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares para gastos que iban desde vacaciones, comida, gasolina e incluso operaciones de estética.
A requerimiento judicial, la fundación entregó miles de documentos para tratar de justificar las operaciones, pero la Policía ha detectado facturación duplicada e incluso triplicada al igual que documentos sin fechas y trabajos no identificados.
Durante la investigación se descubrió también un entramado de alquileres. El empresario propietario de los inmuebles usaba sociedades para alquilar esos centros a precios que eran dos o tres veces su valor en el mercado.
La fundación a la que pertenecen los centros de Gran Canaria y Lanzarote, también imputada, recibió 12 millones de euros de un dinero que no se usó en su totalidad para lo que estaba destinado.
Según la investigación de la Fiscalía, una de las imputadas usó la tarjeta reservada para la gestión del centro para eliminar arrugas de expresión o alquilar vehículos. En las cuentas de otro de los imputados se identificaron compras que podrían no estar relacionadas con la actividad de un centro de menores como son medicamentos para tratar problemas de erección como la viagra.
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