Este miércoles, antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, realizó una visita junto a varios asistentes a un centro de menores no acompañados. La visita, sin la presencia de medios de comunicación, pero con imágenes disponibles, reveló la dura realidad de estos centros que actualmente acogen a cerca de 13.600 menores migrantes en España, con casi la mitad concentrados en Canarias.
Los consejeros del PP prefirieron no asistir, mientras Clavijo y otros interesados presenciaron las condiciones en las que viven los menores. Los recursos son notablemente insuficientes: hay 80 centros habilitados, incluyendo hostales, centros culturales e incluso edificios destinados originalmente a la cría de palomas. En muchos de estos centros, los menores deben dormir en salones de actos y en literas dispuestas de manera improvisada, y las duchas se instalan donde es posible.
El mayor problema no es solo la infraestructura precaria, sino también la falta de atención adecuada. Sin suficientes recursos para proporcionar formación y actividades, la rutina de los menores se limita a clases de español, muchas veces impartidas lejos de los centros, en polígonos a las afueras de las ciudades.
Además, el problema administrativo agrava la situación. Muchos de los menores no están documentados, y el gobierno canario no puede gestionar eficientemente las solicitudes de legalización debido a la abrumadora cantidad de trámites pendientes. La saturación ha llevado al gobierno a instalar carpas en Puerto Naos, Arrecife, para acoger a 60 menores adicionales, a pesar de la oposición de la fiscalía que considera esta medida ilegal y contraria al interés del menor.
El gobierno autonómico insiste en que estas medidas son necesarias ante la falta de alternativas, reflejando la desesperada situación que enfrentan los menores no acompañados en Canarias.
Según un estudio
Más del 70% de los eurodiputados tienen un trabajo paralelo remunerado, acumulando más de 6 millones de euros extra
Según el código de conducta El Parlamento Europeo prohíbe que los eurodiputados hagan lobby remunerado relacionado con las decisiones de la UE, pero un estudio muestra que muchos trabajan para empresas cuyos intereses pueden influir en políticas clave.