En una maniobra contra la especulación inmobiliaria y los alquileres excesivos, Bruselas ha decidido actuar contra las 4.500 viviendas deshabitadas que ensombrecen sus calles. Según ha informado el ministerio de Bélgica, estas propiedades tienen tres cosas en común: su ubicación en Bruselas, su estado vacío, y el inminente despojo que enfrentarán sus dueños. La medida, dirigida a reintroducir estas viviendas al mercado bajo condiciones de alquiler social, promete sacudir el panorama inmobiliario de la capital.

Los ayuntamientos de Bruselas están en posición de implementar esta medida gracias a una legislación que, aunque está vigente desde hace dos décadas, no ha sido hasta hace poco cuando ha sido puesta en práctica tras una modificación legal. Los propietarios de casas vacías no solo perderán el derecho sobre sus propiedades, sino que además, no podrán reclamarlas hasta que el estado recupere la inversión realizada en su reforma, un proceso que podría extenderse hasta por tres décadas. Esta perspectiva plantea un escenario donde las propiedades pueden pasar a ser gestionadas por los herederos de los actuales dueños, sin que estos hayan disfrutado de su usufructo.

La rigurosidad de la medida se extiende a las obligaciones financieras de los propietarios, quienes, a pesar de perder el control sobre sus inmuebles, deberán continuar abonando las hipotecas correspondientes. Este esfuerzo legislativo busca estimular a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado y evitar así la expropiación. Además, se establece la prohibición del alquiler vacacional de corto plazo como en Airbnb, para priorizar el uso residencial a largo plazo de las propiedades.

Por otro lado, el caso de España refleja una realidad diferente. Con más de 26 millones de viviendas vacías, el país enfrenta su propia crisis de vivienda. A pesar de la magnitud del problema, las leyes españolas aún no contemplan medidas tan drásticas como las adoptadas por Bélgica. Sin embargo, la sobrevaloración del mercado inmobiliario español ha llamado la atención de la Comisión Europea, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de políticas enfocadas en viviendas desokupadas para resolver la crisis habitacional.

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