La prestación por desempleo ha sido una de las medidas de protección social más importantes y que más se han retocado a lo largo de la historia. Se trata de un derecho que rige en España desde hace casi 100 años, cuando se puso en marcha durante la Segunda República.

Con Largo Caballero como ministro de Trabajo, se crea -a través de este reglamento- la llamada Caja Nacional contra el paro forzoso, que definía como "el producido por causas ajenas a la voluntad del parado, que no encuentre una ocupación adecuada a su trabajo habitual". La cuantía ascendía a un tercio del salario durante máximo seis meses.

Sin embargo, es en plena dictadura cuando se crea el primer Seguro Nacional de Desempleo en beneficio, decía el texto, de quienes pudiendo y queriendo trabajar, "pierden su ocupación y con ella, su salario". La cobertura era del 75% del sueldo durante seis meses, aunque era necesario estar afiliado al equivalente a nuestra Seguridad Social.

Esta norma sirvió de pilar para la posterior ley básica de empleo de la democracia, impulsada en la década de los 80. Es entonces, con la UCD, cuando nace -dentro de esas prestaciones- el subsidio por desempleo que ahora se reforma.

La mayor cobertura llega con la primera legislatura de Felipe González: tres meses por año trabajado durante un máximo de dos, que podía empezar a cobrarse con solo seis meses cotizados. Sin embargo, la preocupación por el paro juvenil a finales de los años 80 impulsa huelgas que solo consiguen retrasar las reformas más duras para el acceso a la prestación por desempleo. Llegarán así a principios de los 90, cuando ya se exigía un mínimo de un año cotizado para cobrar un máximo del 70% del salario y tributando el IRPF de la prestación.

Ya con Aznar, la huelga general de 2002 consiguió suavizar el llamado "decretazo", que imponía, entre otras cosas, aceptar cualquier trabajo por cercanía o hasta la retirada de la cuota por rechazar cursos formativos.

Para las últimas grandes mejoras hay que remontarse al Gobierno de Zapatero. Los mayores de 45 o los trabajadores discontinuos fueron los grandes beneficiados de la ley de 2006. Durante su mandato se consolidó, además, el subsidio de 400 euros que aumentará con la nueva reforma.

Ahora, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para ampliar el subsidio de desempleo, pasando de los actuales 480 euros a 570 euros durante los primeros seis meses, tal como proponía el Ministerio de Trabajo. Después de este período inicial, el esquema seguirá una disminución gradual, conforme a la intención del Ministerio de Economía. A partir de esos seis primeros meses, la prestación se mantendrá en la cifra actual de 480 euros hasta su finalización.

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