La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"

La jefa de la inspección tributaria que lideró la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declaró ante la jueza que el empresario solo intentó regularizar su situación cuando fue "pillado" por la Agencia Tributaria. Según audios que avanzan 'El País' o 'Cadena Ser' y a los que ha podido acceder laSexta, la inspectora declaró durante más de dos horas y media, en los que aseguró que estamos ante "dos delitos contra la Hacienda pública".

"Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas", expuso en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, donde hizo un resumen de los 187 folios del informe que redactó junto a una compañera.

En su declaración, explica que estas actuaciones se inician al observar "un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto de 2019, unos 2.330.000 euros aproximadamente".

"El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública... y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación", argumenta.

Es entonces cuando la Agencia Tributaria revisa la documentación de la empresa y sospecha la justificación de varios trabajos, uno en México y otro en Costa de Marfil. En el caso de México, no son capaces de encontrar el trabajo por el que la sociedad del novio de Ayuso factura 620.000 euros en 2020. Para la inspectora, está claro que se trató de "una factura falsa" utilizada para "reducir la carga fiscal".

"Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas", añade en su declaración del 21 de marzo.

Sobre el negocio en Costa de Marfil por 900.000 euros, la Agencia Tributaria concluyó que tampoco se había llevado a cabo ningún trabajo, lo cual explicó así ante la jueza: "Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente (González Amador) reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector (...) cuando las propias autoridades mexicanas están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación".

"¿Cuándo supo que era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid?"

Uno de los abogados de González Amador preguntó a la inspectora desde cuándo supo que el empresario era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que la inspectora contestó que era "un tema personal que no tiene por qué responder". "Yo de esto... no tengo. No me meto en la vida personal de nadie. No es un hecho que viene en nuestro informe".

En otro momento de la declaración, la inspectora habla de tres vecinos del pueblo sevillano de Arahal que en 2021 emitieron 13 facturas por valor conjunto de 178.000 euros que el empresario usó para desgravárselas como gastos. La funcionaria cuenta que la Agencia Tributaria visitó dicho municipio y vieron que esos negocios no existían.

"Vimos que (las empresas de Arahal) no tienen trabajadores con capacitación para prestar el servicio, vimos que se ingresan los fondos y se retiran. Además, se hicieron actuaciones de visita de los domicilios donde se encuentran las sociedades y nos dimos cuenta de que uno es el domicilio fiscal del propio Juan Herrera Lobato (uno de los presuntos colaboradores), otro es el domicilio fiscal de los otros dos hermanos. No hay rótulo. No desempeña ahí ninguna actividad. Se trata de domicilios particulares. En uno estaba el padre", detalla.