Protocolos de la vergüenza

Familiares de las víctimas de las residencias en Madrid piden que se "depuren responsabilidades": "Ha habido delitos"

El contexto
Tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso declaran como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias durante la pandemia.

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Familiares de las víctimas de las residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid se han concentrado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital española, donde se espera que declaren tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como investigados por los llamados protocolos de la vergüenza.

Miguel Vázquez, portavoz de la plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), es una de estas personas que ha acudido a esta concentración. "Estamos esperanzados con la imputación de estas tres personas", ha confesado en Al Rojo Vivo.

De esta forma, espera que con esto se consiga arrojar luz y se profundice sobre la verdad de lo ocurrido para "depurar las responsabilidades oportunas". "Consideramos que ha habido delitos con la creación de los protocolos de la vergüenza y las actuaciones que se llevaron a cabo", ha confesado.

En cuanto a quién pudo dar la orden de la creación de dichos protocolos, Miguel Vázquez ha indicado que no lo saben, pero que están seguros que tuvo que venir "más arriba de los tres hombres que hay actualmente imputados".

El portavoz de la plataforma PLADIGMARE ha señalado que es "indudable" que dichos protocolos tenían un objetivo, que era tratar por todos los medios que los hospitales no se saturasen durante la pandemia. "Como consecuencia, se llevaron a cabo unos protocolos que establecieron una denegación de la asistencia sanitaria por razones de edad y de vivir en una residencia", ha zanjado.

En concreto, han sido llamados a declarar los dos ex altos cargos del Ejecutvio de Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.