Una turba quemó vivo a un adolescente de 16 años considerado como el principal sospechoso de la violación y asesinato de una niña de siete en un poblado de la región boliviana de Potosí, informó un responsable policial.
Según las investigaciones preliminares, la niña fue vista conversando con el adolescente en un desfile folclórico de carnaval y un día después su cuerpo fue hallado a orillas de un río cercano a Toro Toro, con signos de violencia.
La Policía detuvo al adolescente y lo llevó a sus dependencias para tomarle declaración, pero al enterarse del suceso los pobladores acudieron al lugar para hacer justicia por mano propia. "Cuando se estaban tomando las declaraciones a los testigos en la localidad de Toro Toro, agredieron a todas las personas que estaban al interior del recinto policial, sacaron al aprehendido y procedieron a quemarlo en las puertas de la unidad policial", explicó Encinas.
Agregó que la fiscal asignada al caso, el médico forense y los policías del pueblo "no pudieron hacer más nada porque la turba estaba completamente enardecida". El Ministerio Público investiga lo ocurrido. Los casos de linchamientos son relativamente habituales en áreas rurales y en algunos barrios periurbanos de Bolivia.
En ocasiones quienes cometen los linchamientos se justifican por la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución boliviana de 2009, pero las autoridades han reiterado que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte. El ministro de Justicia, Héctor Arce, lamentó y condenó tanto la violencia ejercida contra la niña asesinada como el hecho de que "la sociedad se tome la justicia en propias manos".
Dijo que consterna a las autoridades el linchamiento de una persona "que sigue teniendo derechos más allá del crimen que haya cometido y que se presume inocente hasta que no haya un juicio justo" y que debe merecer una profunda investigación. Arce recordó que en un encuentro nacional celebrado en 2016 para analizar reformas judiciales se planteó castigar con cadena perpetua los casos de violaciones de niños seguidos de muerte.
"El Estado se está preocupando por esta situación (...) pero lo que no se puede tolerar es que se tome la justicia en propias manos", insistió el ministro, quien expresó su confianza en que la Fiscalía hará una "profunda investigación" de ambos sucesos.